La huida

Tras la detención en octubre de 1998 de Pinochet en Londres a requerimiento del juez Garzón, los objetivos del Gobierno de Aznar han sido múltiples: hacer todo lo posible para evitar que Pinochet fuera extraditado a España; limitar los efectos negativos que el proceso de extradición estaba teniendo en las relaciones de España con Chile y con el conjunto de América Latina (está por ver), y no parecer interferir con la independencia judicial española, aunque entrara en conflicto con la también norma constitucional de que la política exterior la dirige el Gobierno. Todo ello sin que el caso costara un solo voto al PP, ni por el centro, ni por esa derecha rancia, como la que representa el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Fungairiño, que llegó a justificar el golpe cruento de Pinochet.Debido a sus propios complejos históricos, en ningún momento quiso el Gobierno plantear un conflicto de competencias con el juez Garzón para no tramitar la extradición (y tampoco el juez lo ha planteado contra el Gobierno por no recurrir la decisión de Straw de liberar a Pinochet). En cuanto a la no interferencia con el Poder Judicial, ha sido legalmente escrupulosa. Pero ello no ha impedido utilizar el brazo de la fiscalía o hacer uso de la posibilidad de no recurrir las decisiones administrativas -de hecho, políticas, pues Straw no las habría tomado sin el apoyo de Blair y del titular de Exteriores, Robin Cook- en Londres.

Se buscaron varias salidas, para evitar la extradición de Pinochet a España, pero resultaron todas impracticables, incluido el recurso a un arbitraje bilateral entre Madrid y Santiago de Chile, en lo que Almunia no quiso colaborar. Y así, pronto, los Gobiernos de España, Chile y el Reino Unido llegaron a la única posible: la humanitaria, aprovechando la discrecionalidad, conocida desde un principio, que otorga el ordenamiento británico al ministro del Interior para, por razones humanitarias o de salud, interrumpir un procedimiento de extradición, antes de concluido, en lo que era una decisión que, al ser política, se podía no recurrir (lo que no equivale a que no se debía recurrir).

Sorprende que sorprenda ahora que se cocinara esta salida; pues los contactos y conversaciones fueron múltiples aunque discretos. Ya en julio, en su famoso artículo en El Mercurio, Abel Matutes aludió públicamente a esta posibilidad y se comprometió a no recurrirla si se presentaba. Claro, que para que se presentara era necesario que la naturaleza colaborara, o al menos que así se aparentara. Sólo en septiembre y octubre, diversos ataques empezaron a hacer mella en la salud del ex dictador, hasta un grado que, a todas luces, no es irreversible. En la gestión del caso al Gobierno de Aznar se le podrá acusar de poner por delante la razón de Estado a la de la defensa de la justicia internacional; de cinismo; de haber esquivado siempre pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, pues tira la piedra y esconde la mano; de gestión con trampas; pero no de incoherencia.

Incluso la filtración por el Gobierno, saltándose el principio del secreto del sumario y de la confidencialidad exigida por los jueces británicos, de los informes médicos independientes sobre la salud de Pinochet sirvió para alimentar la escenificación de la salida humanitaria, y ayudó a Straw... hasta que Pinochet ha llegado a Chile, de pie, y con un desafío de los militares chilenos al Gobierno que no sirve a la causa de la transición hacia la democracia. Para el Gobierno español, había un problema y se ha solucionado. O mejor dicho, se ha trasladado a Chile.

Sería bueno, sin embargo, que Chile mantuviera su demanda contra España ante La Haya, en aras de aclarar algunos aspectos de este caso, reflejo de lo que se ha venido a llamar la globalización judicial. En todo caso, pese a la huida de Pinochet -y de que no era razonable que España fuera justamente el país de origen y destino judicial de Pinochet-, Garzón puede estar satisfecho. Ha abierto un camino, creado un precedente y marcado un tanto judicial, pues, pese a todo, Pinochet ha salido de Londres como acusado.