Un juez chileno procesa al jefe de la DINA y a otros 11 oficiales

Por orden de dos jueces chilenos, 12 ex agentes de los aparatos de seguridad de la dictadura, entre ellos el encarcelado Manuel Contreras, antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fueron procesados y ocho de ellos detenidos ayer por su participación en los crímenes de cinco opositores del régimen de Augusto Pinochet. Entre los delitos que se les imputan está el asesinato del periodista José Carrasco.

El magistrado Juan Guzmán, que investiga la 51 querellas criminales presentadas en Chile contra Pinochet, sometió ayer a proceso al general Contreras (que ya cumple una condena de siete años por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier), al coronel Marcelo Moren (encargado del centro de torturas conocido como Villa Grimaldi) y al capitán Armando Fernández -los dos primeros retirados y el tercero desertor del Ejército- por el secuestro en octubre 1974 del ingeniero David Silberman. Guzmán ya había procesado y pedido la extradición de Fernández Larios por la llamada Caravana de la Muerte, que asesinó a 72 presos políticos tras el golpe militar de septiembre de 1973.Silberman era gerente general de la mayor mina de cobre de Chile, la estatal Chuquicamata, durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y estaba encarcelado en 1974 en la penitenciaría de Santiago, cumpliendo una condena dictada por consejo de guerra, cuando agentes de la DINA lo sacaron de la cárcel simulando una orden judicial. Desde entonces su paredero es desconocido y Silberman figura en las listas de desaparecidos por la dictadura.

Secuestro permanente

Guzmán procesó a los tres ex agentes acusándolos de secuestro permanente de Silberman, lo que le permite al juez eludir los efectos de la amnistía dictada por Pinochet antes de dejar el poder y que cubre el periodo en que se cometio este delito. El uso de esta figura ha sido criticado por los defensores de los militares como un resquicio que vulnera el espíritu de la amnistía.

En otro caso emblemático de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet, pero no cubierto por la amnistía, la jueza Dobra Lusic procesó a nueve ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, y ocho de ellos fueron detenidos por los asesinatos de cuatro opositores, cometidos en septiembre de 1986, en la madrugada siguiente al fustrado atentado contra el ex dictador.

Según la jueza, el periodista José Carrasco, editor internacional de la extinta revista Análisis, la de mayor venta y opositora a la dictadura; el publicista Abraham Muskablit; el técnico Felipe Rivera y el profesor Gastón Vidaurrázaga, todos militantes izquierdistas, fueron secuestrados y asesinados "como reacción de vengaza por el atentado del que fue objeto la comitiva del entonces jefe de Estado".

La magistrada señaló que estos agentes, a los que acusa de coautores de los crímenes, se desplazaron en pleno toque de queda y acribillaron a las víctimas después de detenerlas en sus domicilios. Entre los agentes detenidos se encuentran un coronel, un comandante y un capitán en servicio activo del Ejército.