Los sindicatos agrarios de EE UU piden a sus asociados que dejen de sembrar transgénicos

Las multinacionales biotecnológicas estadounidenses, las creadoras y grandes impulsoras de los cultivos genéticamente modificados, ya tienen el enemigo en casa. Más de 30 sindicatos agrarios de Estados Unidos han aconsejado a sus asociados que eviten plantar semillas transgénicas, por temor a que el creciente rechazo de los consumidores y las posibles acciones legales contra esos cultivos acaben por arruinarles. En España, las dos principales asociaciones agrarias -que representan en conjunto al 85% de los agricultores- mantienen posiciones opuestas sobre los alimentos transgénicos.

Las asociaciones agrarias estadounidenses opuestas a los transgénicos incluyen a las influyentes National Family Farm Coalition, American Corn Growers Association, y otras que representan a decenas de miles de agricultores, según informaba ayer The Washington Post. Su principal preocupación es que una avalancha de litigios provocados por la diseminación de polen transgénico a los campos vecinos acabe por asfixiar sus economías. Con cierto retraso respecto a Europa, la opinión pública estadounidense ha empezado a desconfiar -con razón científica o sin ella- de la seguridad sanitaria y medioambiental de los alimentos genéticamente modificados.Los sindicatos agrarios han hecho ya un llamamiento a las grandes empresas productoras de transgénicos para que, en la temporada que viene, den prioridad a la venta de semillas "tradicionales" -libres de modificaciones genéticas-, y que mantengan esa actitud hasta que el país disponga de un estudio científico "independiente" de los posibles riesgos para la salud o el medio ambiente asociados a los cultivos transgénicos. Hasta ahora, las garantías científicas sobre la seguridad de estas plantas han estado financiadas por las propias industrias que los comercializan, como Monsanto y Novartis.

Las semillas transgénicas de maíz, soja y otras plantas de cultivo han sido modificadas en el laboratorio para incorporarles genes de bacterias o de virus que las hacen resistentes a ciertas plagas o a las bajas temperaturas, o a los daños que provoca su transporte y almacenamiento.

En España no hay cifras oficiales sobre la implantación de los cultivos transgénicos, pero todas las fuentes coinciden en que hay sembradas entre 20.000 y 30.000 hectáreas de ese tipo, casi todas en Aragón y Cataluña. Los agricultores españoles gastan entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas anuales en semillas transgénicas. La variedad más común es un maíz transgénico de la firma Novartis -llamado Bt, por la bacteria Bacillus turigiensis que le ha prestado uno de sus genes- que le confiere resistencia al taladro, una plaga destructora del maíz, muy común en Aragón y Cataluña.

En Andalucía y Extremadura existen además los llamados multiplicadores, o explotaciones agrarias que plantan maíz y otras plantas no para venderlas al sector alimentario, sino para reproducir las semillas y suministrárselas a las mismas multinacionales que se las han cedido en primer lugar, una actividad bastante rentable en comparación con las prácticas habituales.

Los agricultores españoles están divididos sobre la conveniencia de adoptar estos cultivos. En términos generales, Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores, próxima a la derecha política y que representa al 35% del sector) se muestra a favor de los transgénicos mientras no se demuestre que son dañinos; y Coag (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, próxima a la izquierda y que representa al 49% de los agricultores) se opone a ellos mientras no se demuestre que son seguros.

José Ramón Díaz, coordinador del sector de tecnología e investigación de Asaja, afirma que su asociación desea mantener un equilibrio entre los reparos sanitarios y medioambientales que suscitan los transgénicos, y las ventajas económicas que la resistencia a las plagas supone para los agricultores.

Sin embargo, José Manuel de las Heras, secretario general de Coag, exige al Gobierno una moratoria en las importaciones de transgénicos mientras no haya garantías científicas sobre su seguridad, y sostiene que las supuestas ventajas económicas que aportan a los agricultores son, como mínimo, discutibles.