La reforma del profesorado universitario nace con un agujero presupuestario

Los 28.700 millones anunciados por el Gobierno para financiar en tres años la reforma del profesorado universitario en precario es insuficiente, según la opinión generalizada de los expertos en financiación educativa. Éstos cifran en 42.000 millones las necesidades para los tres años. Gestores universitarios y economistas cuestionan el plan de Mariano Rajoy para financiar las modificaciones recogidas en dos nuevos reales decretos que el Ejecutivo pretende aprobar este año. Aseguran que las comunidades notarán en sólo dos años el daño económico. Las críticas también salpican a la metodología: la utilización de unos fondos que deberían servir para compensar a las comunidades a las que se transfirieron las competencias cuando aún estaban en expansión.

Las cifras no cuadran y la clave es que la cantidad calculada por el Gobierno es la que reclamaban los rectores y sindicatos, pero sólo para financiar la situación de los 8.000 profesores doctores en precario. Los demás conceptos (como los complementos a los docentes o los incentivos a la investigación) incluidos en los reales decretos deberían ir en un presupuesto aparte. Hacen falta 8.000 millones anuales para dar estabilidad a los profesores en precario, y, además, 3.000 millones para financiar los complementos a los titulares de escuela universitaria y otros 3.000 para complementos por méritos docentes y por productividad investigadora del profesorado funcionario. En total, 14.000 millones anuales.Éstas son las claves de la reforma:

- Distribución. La distribución señalada por Rajoy es la siguiente: durante tres años, el Gobierno pondrá 21.000 millones (7.000 anuales) y las comunidades 7.700 (1.750 el primer año, 2.450 el segundo y 3.500 el tercero). Como la cantidad que aporta el Gobierno no aumenta y como no habrá presupuesto para regular a todos los profesores en el primer año, cada contrato que se estabilice a partir del segundo año correrá a cargo de las comunidades.

Una vez transcurrido el trienio, las comunidades deben poner todo el dinero para el nuevo profesorado contratado. Se calcula que cada nuevo contrato representa un añadido de un millón de pesetas.

- Reparto entre comunidades. Queda por decidir cómo se hará el reparto de los 7.000 millones entre las comunidades. El máximo responsable de Universidades del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el economista Andreu Mas-Colell, ha propuesto en una carta al secretario de Estado de Educación y Universidades, Jorge Fernández, que el reparto se haga dividiendo la cuantía por la población total de cada comunidad. En el escrito señala que es la solución más equitativa, aun siendo consciente de que las comunidades con el porcentaje más alto de universitarios, como Madrid o Cataluña, saldrían peor paradas. Sin embargo, el Gobierno prefiere que el reparto se haga por volumen de alumnado y coste de enseñanzas.

- Modificaciones. Los rectores y los sindicatos llevan años insistiendo en la premura de dar estabilidad a los docentes en precario. Se pidió que se hicieran antes de abordar un cambio mayor, el de la Ley de Refoma Universitaria (LRU).

Los dos reales decretos plantean la mejora de la retribución para los profesores asociados a tiempo completo que sean doctores, que se equipara a la de los titulares universitarios; la eliminación del límite de contrataciones de los profesores asociados a tiempo completo, establecida actualmente en tres años; los complementos para los titulares de escuelas universitarias, y la evaluación voluntaria de la actividad investigadora cada seis años.

- Procedencia. El Gobierno quiere sacar los 7.000 millones anuales del fondo de nivelación de servicios públicos básicos recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), un fondo destinado en realidad a compensar posibles desigualdades. El PSOE ha puesto el grito en el cielo. Pide que se destine esta cantidad a la Universidad, pero para paliar las desigualdades.

- Desigualdades. Las comunidades que estaban en expansión cuando recibieron las competencias lograron proporcionalmente menos dinero que las que las obtuvieron ya en fase de estabilización: cuando se ha llegado al número de alumnos idóneo (ver gráfico). El presupuesto que se dio a cada una correspondía al coste de los servicios que existían entonces. Algunas comunidades recibieron tres veces más dinero por habitante. La necesidad de compensarlas queda patente.