De la Rúa asegura que la orden de captura no se aplicará en Argentina

Varios de los 98 militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garzón ya están en arresto domiciliario por orden del juez argentino Adolfo Bagnasco, que les procesó por el robo, retención y suplantación de identidad de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura. El presidente electo argentino, Fernando de la Rúa, dijo ayer que Garzón ha tomado una decisión "dentro de su competencia en el Reino de España, pero que no tiene efecto operativo en Argentina".

De la Rúa se limitó de ese modo a señalar que el territorio argentino queda fuera del radio de acción de la orden de Garzón. Es decir, que Argentina se convierte en una jaula de oro para los 98 procesados o, en palabras de las asociaciones de derechos humanos, en una "cárcel".Bagnasco declaró ayer a EL PAÍS que "en Argentina genera resquemor la intromisión de un juez extranjero" y recordó que, en su país, varios oficiales ya han sido sentados en el banquillo. Los oficiales procesados en Argentina son el almirante Emilio Massera, ex comandante en jefe de la Marina y uno de los cerebros del régimen militar; el general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército; el almirante Rubén Franco, último comandante en jefe de la Marina; el capitán de fragata Jorge Tigre Acosta, ex jefe de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); y el prefecto retirado de la ESMA Héctor Febres. Jorge Videla, presidente de la primera junta militar, es el único que ya tiene confirmado que irá a juicio.

Durante la Administración de Raúl Alfonsín ya se celebró el juicio a las juntas militares, en el que sus 10 comandantes fueron condenados a cadena perpetua. Pero el permanente ruido de sables forzó a Alfonsín a aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dieron carpetazo a la investigación. Tras asumir el poder, el presidente Carlos Menem aprobó un indulto para los condenados.

Fuentes judiciales interpretan que Garzón da este paso precisamente ahora porque piensa que con la nueva Administración de De la Rúa, que asumirá sus funciones el 10 de diciembre, puede encontrar colaboración. El Gobierno de Menem ha negado toda colaboración con Garzón y no dudó en dictar el año pasado el decreto 11/98, que le permite no responder a las reiteradas rogatorias judiciales para indagar a argentinos sospechosos de haber participado en la desaparición de personas durante la última dictadura (1976-1983).

La actitud que pueda adoptar el nuevo Gobierno es una incógnita, ya que entre los asesores del presidente electo hay opiniones encontradas. Si bien, cuando estaban en la oposición, De la Rúa y destacados políticos de su entorno se desmarcaron de la actitud mantenida por Menem respecto de las causas contra militares argentinos y contra el general chileno Augusto Pinochet, hay dudas de que, una vez en el Gobierno, De la Rúa dé curso a las peticiones de Garzón.

El penalista de la Alianza, la formación de De la Rúa, Raúl Zaffaroni ha calificado en más de una ocasión de inconstitucional el decreto 111/98 porque "es una interferencia en el poder judicial". Sin embargo, Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa en el Gobierno de Raúl Alfonsín y experto de la Alianza en temas militares, declaró a este diario que Garzón no tiene competencia mientras no haya un tribunal internacional.