Un tiro fuera del blanco

Ante la propuesta de reforma de la selectividad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es imposible no ser crítico. No tiene justificación ni socioacadémica ni técnica. El ministerio lo sabe, pues de lo contrario no se hubiera promovido una maniobra tan burda contra los rectores con la supuesta reválida. Si faltan argumentos, se ataca al que se opone. La clave es el anuncio reiterado de una reforma-milagro y algo hay que hacer. Pues de reforma-milagro, nada de nada. La admisión, que es lo que preocupa a todos, no se toca y la selección se empeora. El proyecto no apunta al blanco apropiado.La coartada y trampa del Gobierno es su apoyo en un informe de una ponencia de ocho senadores que funcionó entre 1996 y 1997, aprobando algunas recomendaciones inaceptables política y técnicamente, no justificadas en el informe. No responden a lo dicho en las 13 comparecencias, ni al resumen que la ponencia hace de las mismas. Son un paquete prefabricado, con otros criterios, que se añadió al final. Esto ocurre con la propuesta de doble o triple corrección y con la de rebajar el peso de la prueba en el acceso, que, además, no está apoyada por el análisis comparado; la doble corrección generalizada es insólita, y España es de los países en los que más cuenta el expediente.

De acuerdo con el informe del Senado, la doble corrección sólo la citó, entre otros procedimientos, un compareciente; lo de aumentar el peso del expediente sólo lo citaron un representante estudiantil, opuesto a la selectividad, y el presidente de una asociación de centros privados.

Aparte de estas matizaciones, no triviales, el MEC no puede hacernos creer que tiene un mandato senatorial: son simples recomendaciones. Si fuera mandato, no podría haber obviado aquellas que sí requieren esfuerzo y recursos ministeriales. En las que pretende desarrollar el MEC solamente legisla, los problemas de aplicación son para otros, básicamente las universidades, pero sólo las públicas.

Lo peor de la doble corrección es que no tendrá efecto positivo en lo que parece la obsesión del legislador, aumentar la fiabilidad de la nota, pues en la práctica se violan las condiciones de aplicación teóricas. El efecto será el contrario. Además, el examen actual tiene un buen nivel de fiabilidad global, como demostró la única experiencia controlada de doble tribunal que ha tenido lugar en España, que yo mismo dirigí en un tribunal en Teruel. Las conclusiones no aconsejaban la generalización de la doble corrección.

La propuesta parece la de alguien que ha estudiado algo de medición, pero nunca ha dirigido un proceso complejo. Está descontextualizada. En teoría, por ejemplo, se aumentaría más la fiabilidad de la prueba multiplicando por tres las preguntas y el tiempo de los ejercicios, de hora y media a cuatro o cinco horas. También sería absurdo: el principio teórico fallaría por el cansancio de los estudiantes.

Si duplicamos correctores, aumentando su diversidad, disminuiremos la fiabilidad. En algunas asignaturas es imposible encontrar tantos correctores especialistas como obliga el proyecto. Así, el proyecto es inviable. Si no queremos aumentar tanto los correctores, les obligaremos a corregir precipitadamente cientos de ejercicios más, algo que sabemos que es muy negativo. En todo caso, es seguro que existirían problemas de menos fiabilidad, pérdidas, errores o filtraciones en el proceso, en horas de fotocopia y trasiego de miles de ejercicios anónimos sin anotaciones entre centenares de correctores.

Y no hablemos de impugnaciones y recursos legales por problemas de este tipo, con la consiguiente pérdida de credibilidad en el sistema, o del trastoque temporal de la admisión o de los costes presupuestarios y organizativos. En Zaragoza, la doble corrección implicaría un coste adicional cercano a cien millones. La ocurrencia costaría a los españoles varios miles de millones.

Por si lo anterior aumenta la fiabilidad, para evitar el milagro, el legislador quiere disminuir el peso de la prueba y aumentar el del expediente secundario, medida más afectada por la multiplicidad de escalas, más manipulable y menos fiable. El hipotético efecto positivo en la fiabilidad de la doble corrección se contrarrestaría por la disminución del peso de la prueba en la media final. ¡Esquizofrenia pura! Esta medida contrarrestaría también la propuesta de dar más peso en la prueba a las disciplinas ligadas a la carrera solicitada, pues el expediente es un promedio de muchas disciplinas, la mayoría no ligadas a la carrera elegida.

El proyecto apunta fuera del blanco, complica todo y no resuelve nada de lo importante. El mismo número seguirá sin poder estudiar Medicina por centésimas. Incluso peor, porque se concentrarán más notas en la zona media. A la vista del descenso de estudiantes y de que a medio plazo los problemas de admisión se centrarán en las biomédicas, el verdadero blanco está en simplificar y no en complicar la selectividad, y en la búsqueda de soluciones concretas allí donde hay problemas, sin generarlos donde no existen.

La propuesta huele a demagogia electoralista, pero todos los grupos participaron en el error en el Senado y deben enmendarlo. No es de recibo, por promesas o ridículo, lavarse las manos y obligar a las universidades, repito, sólo a las públicas, a que carguen con tal dislate. Ni los votos, que al final nunca vienen por este camino, justifican un tiro tan desviado.