Un tratado nunca invocado

El tratado de arbitraje de 1927, que Chile ha dejado sin efecto, según anunció el subsecretario chileno de Asuntos Exteriores, Mariano Fernández, la semana pasada, fue uno de los tantos convenios suscritos por España con varias repúblicas de América Latina durante la dictadura del general Primo de Rivera. Aunque es posible que haya sido invocado en alguna ocasión, nunca sirvió para resolver controversia alguna entre España y Chile. Tampoco fue invocado por el Gobierno de Eduardo Frei en el caso Pinochet. Fue un ex director jurídico de la Cancillería chilena, Eduardo Bio, quien lo descubrió el pasado mes de mayo, en el marco de un almuerzo de consulta convocado en Santiago por el actual director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Jaime Lagos. El entonces ministro de Exteriores, José Miguel Insulza, consideró que podía ser la vía para discutir con España el caso Pinochet. Sin embargo, Insulza nunca llegó a plantear a España la aplicación del tratado de 1927.

Al ser sustituido por Juan Gabriel Valdés, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a mediados de este año, la nueva orientación fue la de aparcar el tratado de 1927 y, en cambio, solicitar a España un arbitraje en base al artículo 30 de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Precisamente la primera carta enviada por Valdés el pasado 23 de julio al ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, enfatiza la petición de un arbitraje, según el citado artículo 30.

Las razones para aparcar el tratado de 1927 eran bastante evidentes. Por un lado, a fin de preservar la independencia de los tribunales, el tratado establece una cláusula de exclusión, según la cual antes de su aplicación deben agotarse los recursos internos en cada país, dentro del ordenamiento jurídico. En el caso Pinochet, esto no ha ocurrido. La otra razón importante es que el tratado de 1927 no prevé un sistema automático de petición de arbitraje.

Según el dictamen elaborado con fecha 3 de junio de 1999 por Juan Antonio Yáñez, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores español, "el tratado exige que, para cada caso que se plantee, habrá de concertarse un compromiso especial, que fije todos los aspectos del arbitraje: la materia del litigio, la composición del tribunal arbitral, los poderes de éste, el procedimiento a seguir, la financiación, y otros".

"El tratado funciona, por tanto, como un convenio-marco o, a lo sumo, como un pactum de negotiando, que requiere la negociación de un acuerdo específico, y consiguientemente una nueva manifestación de voluntad para cada arbitraje que las partes deseen celebrar", añade el dictamen.

Compromiso especial

A las autoridades chilenas no se les escapaba que una negociación entre España y Chile, a fin de concluir un compromiso especial en el caso Pinochet, hubiera sido muy difícil. Entre otras razones, quizá la más relevante era que un "compromiso especial" debería ser aprobado en el Parlamento español, antes de que se procediera a su ratificación. La cancelación de este tratado unilateralmente por Chile es una maniobra de bajo coste, por su virtual inutilidad. España, curiosamente, estudió en su momento la posibilidad de apelar al mismo para proponer un arbitraje sobre el caso Carmelo Soria, el funcionario español de Naciones Unidas que fue secuestrado, torturado y desaparecido en el Chile de Pinochet, pero lo descartó. La carta del 23 de julio pasado de Valdés, en la que proponía el arbitraje en base a la Convención contra la Tortura, no fue respondida, lo que ha originado una segunda misiva del ministro chileno.