Ajuste invertebrado

EL MINISTERIO de Economía, que dirige Rodrigo Rato, ha presentado una ejecutoria impecable en las cifras de ejecución presupuestaria durante los últimos tres años. Esta trayectoria indica una reducción del déficit público desde el 4,4% del PIB en 1996 al 1,8% en 1998 y ha permitido integrar a la economía española en la Unión Monetaria. Pero las cifras de déficit público en términos de Contabilidad Nacional registradas en los siete primeros meses de 1999, periodo durante el que ha aumentado casi el 23% sobre el mismo periodo de 1998, alimentan la sospecha de que gran parte del mérito de ese ajuste pertenece a los efectos del ciclo económico. El control del déficit en España depende en demasía del aumento de los ingresos fiscales, reflejo del crecimiento económico a tasas superiores al 3%, mientras que el control del gasto se ha ido relajando en el último trienio, hasta el punto de que entre enero y julio está aumentando más del 8%.El secretario de Estado de Presupuestos explica esta distorsión por el adelanto de las devoluciones del IRPF y del pago de los intereses de la deuda. El desbordamiento sería, pues, coyuntural. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la inquietante dependencia de la fase alcista del ciclo. Con las cautelas con que hay que tomar este tipo de cálculos, siempre problemáticos, el déficit estructural del Presupuesto -déficit depurado de los efectos de la bonanza económica- estaría muy por encima del 2,1%. Lo cual significa que cuando la tasa de crecimiento disminuya, caigan los ingresos fiscales y suban los gastos de protección social, el déficit público superará holgadamente las exigencias del criterio europeo de estabilidad.

El control del gasto público en España, que es la pieza fundamental de la política de ajuste, se ha basado en la rebaja de los intereses de la deuda por el descenso de los tipos de interés -de nuevo el ciclo económico-, en el férreo control de los sueldos de los funcionarios y en un recorte masivo e indiscriminado de la inversión pública. Esta política, ayuna de equilibrios que permitan salvaguardar el papel del Estado en la formación del capital público, tendrá seguramente efectos negativos sobre las infraestructuras sociales del país. Aunque ahora no se perciba.

El Gobierno ha emborronado la brillantez de los indicadores, alcanzada mediante este ajuste tosco e invertebrado, con el oscurantismo informativo de su gestión presupuestaria; una opacidad que contrasta con las abundantes explicaciones sobre la evolución favorable del empleo, como quedó ayer demostrado por la intempestiva aparición del ministro de Trabajo al término del Consejo de Ministros para informar de cifras archisabidas. Por ejemplo, hoy los ciudadanos saben menos que nunca sobre quién y en qué proporción paga impuestos en España; los datos oficiales sobre la gestión tributaria del Estado no se publican desde 1996. Tampoco se les explica qué capítulos presupuestarios sustentan la rebaja del déficit y cuáles son sus consecuencias. Las cifras no lo son todo. A veces, como en este caso, ocultan decisiones discutibles que los contribuyentes pagarán caro en el futuro.