Bajan los medicamentos

A partir del 15 de septiembre, los medicamentos que se financian con cargo a la Seguridad Social costarán entre un 4,6% y un 10% menos que ahora. La medida permitirá ahorrar al erario público unos 52.400 millones de pesetas anuales, alrededor del 5% del presupuesto de farmacia, que el próximo año superará ya con creces el billón de pesetas.La decisión del Gobierno de imponer por decreto una reducción en el precio de los fármacos de financiación pública ha sido acogida con gran indignación por la industria farmacéutica, y no sólo porque afecta a sus beneficios, sino también porque el anuncio de decreto supone la derrota de sus representantes en el pulso que habían lanzado contra el Ejecutivo para frenar las medidas de contención del gasto. Es comprensible que las empresas defiendan sus intereses económicos, pero también lo es que la colectividad, en este caso representada por el Gobierno, vele por los suyos. La industria farmacéutica tiene un mercado asegurado y un gran cliente, la Seguridad Social, que garantiza la cobertura económica de toda la prescripción farmacéutica pública. No debería la industria rasgarse las vestiduras si ese cliente tan fiel y tan solvente aplica un principio tan utilizado en el libre mercado como es el de imponer ciertas contrapartidas -en este caso, una reducción en el precio- al proveedor del cual es el principal comprador. Igual que hace, con mucho menor volumen de compra, cualquier gran superficie a sus suministradores.

Pero no debería ser éste el centro del debate, porque en materia de medicamentos queda mucho que discutir todavía. Para empezar, no es lógico que España sea el país que mayor proporción del gasto sanitario público destina a la partida de farmacia. Concretamente, el 22,7% del total del gasto sanitario, según datos de 1997, un porcentaje muy alejado del que ese mismo año presentaba en países como Francia (13%), Alemania (11,8%) Reino Unido (12%) o Italia (10,7%).

Aunque en los últimos años se ha contenido el ritmo fuertemente acelerado del gasto farmacéutico, el actual ejercicio se cerrará aún con un aumento superior al 10%. Un crecimiento de esta magnitud no es sostenible, y no se justifica sólo por el envejecimiento de la población o el aumento de las necesidades sanitarias. La exclusión de determinados medicamentos de la financiación pública -a través del denostado medicamentazo- ha logrado algunos ahorros, pero, paralelamente, se ha incrementado de forma espectacular el precio medio por receta porque los medicamentos que se prescriben son cada vez más caros. Tampoco es razonable que la política de genéricos, que podría ser un instrumento muy eficaz de contención del gasto, encuentre tantas resistencias.

En España, la venta de genéricos - medicamentos que contienen el mismo principio activo que el equivalente de marca, pero son más baratos por haber caducado la patente- apenas alcanza el 1,3% de las ventas totales, cuando en Alemania representa el 16% y en Dinamarca alcanza el 22%. Estas diferencias en el gasto farmacéutico obedecen a factores que no se corregirán únicamente con recortes en el precio de los medicamentos, porque son consecuencia de disfunciones que no sólo afectan al bolsillo de los ciudadanos, sino también a su salud. Es evidente que en España se recurre al talonario de recetas con mucha más frecuencia de lo necesario, y que no siempre la prescripción es la más correcta. Existen algunos indicadores alarmantes. Dos ejemplos: en 10 años se ha triplicado el consumo de antidepresivos, y las toneladas de antibióticos que consumimos han hecho que España sea el país con mayor índice de resistencia a algunos de estos fármacos. Una reciente evaluación de la farmacopea encargada por el Gobierno francés a un equipo de expertos ha puesto de manifiesto que una cuarta parte de las 1.100 especialidades farmacéuticas analizadas no tiene eficacia demostrada. Para que se haya llegado a ese punto ha tenido que haber un grave descuido de las autoridades sanitarias. Algo similar ocurre en España. Diferentes estudios han demostrado que una parte de los medicamentos que se recetan, entre ellos algunos de los más prescritos, son fármacos de "bajo valor terapéutico" o eficacia no demostrada. De todo ello, y no sólo de precios, habrá que hablar en profundidad si se quiere lograr de una vez un uso racional de los medicamentos. Aunque afecte a intereses muy poderosos y consolidados.