Primera reunión del Ejército chileno con abogados de las víctimas de la dictadura de Pinochet

Por primera vez en la transición chilena a la democracia, se tenderá un puente, endeble e incierto todavía, para cruzar el abismo que separa a victimarios y víctimas de la dictadura, al aceptar el comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Izurieta, un diálogo entre miembros de las Fuerzas Armadas y un grupo integrado por algunos de los abogados especializados en causas de derechos humanos que han representado abnegadamente a muchas de las familias de los ejecutados y detenidos desaparecidos durante el régimen militar.

Estos abogados habían acudido con anterioridad hasta el despacho del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, el arquitecto de esta obra, a título personal y sin representar a las víctimas, y declararon su disposición a reunirse sin condiciones con los militares, para buscar verdad y justicia. Aunque Izurieta no acudirá a la reunión, sí lo harán abogados auditores del Ejército. El diálogo se producirá la próxima semana, según fuentes de Defensa. Los sectores más radicales del partido socialista y la totalidad del partido comunista han recibido con escepticismo la noticia. El resto del espectro político, sin embargo, la respalda sin ambages.Los cinco abogados de las víctimas de la represión que se reunirán con los militares -Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Verónica Reyna y Alberto Espinoza (miembros de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), y Pamela Pereira, hija- aclararon que no están dispuestos a ceder en la reivindicación de investigar la verdad, aplicar la justicia y no trabar la acción de los tribunales.

"Éste ha sido un paso muy difícil de dar", afirmaron Caucoto y Pereira. La intención de los juristas es darles a conocer a los militares que acudan al diálogo, cara a cara, el detalle de algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos, para intentar lograr que éstos entreguen información.

Después de reunirse con el ministro Pérez Yoma, los abogados fueron a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esta entidad había rechazado acudir a una reunión en La Moneda, el palacio presidencial, con el Gobierno para constituir una mesa de diálogo con los militares. De forma tácita, los dirigentes de la agrupación aprobaron la actuación de los abogados, si bien aclararon que éstos no los representan.

Búsqueda de información

Aunque los actuales mandos militares han declarado que carecen de información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos -de hecho, la mayoría de los implicados en los crímenes de la dictadura ya está fuera de filas-, sí pueden requerirla a quienes la tienen. Ésa es, al menos, la apuesta de estos abogados y del Gobierno.Las Fuerzas Armadas, y en especial el Ejército, no tienen mucho que perder, pues el escenario que encaran es adverso: el general Augusto Pinochet lleva nueve meses detenido en Londres, sin que su situación conmueva a la opinión pública, y no termina el continuo desfile de exmilitares acusados en los tribunales por el cambio de actitud de los jueces y de la Corte Suprema. Este cambio de parecer supone que, a pesar de la Ley de Amnistía, los casos de desaparecidos no se cierran, pues se considera que el delito se sigue cometiendo mientras el cuerpo no aparezca. Con este panorama, los actuales mandos aspiran a cerrar el capítulo de los derechos humanos lo antes posible. El Gobierno, entretanto, les ha advertido de que el camino es el de la justicia o la confesión de la verdad.