Inspectores a su favor

En los juzgados españoles hay, que se conozcan, al menos cuatro casos en los que figuran actuaciones más que sospechosas de inspectores de Hacienda. El repertorio de conductas reprobables resulta espectacular. Desde posesión de cuentas en Suiza y el uso de información privilegiada, hasta una evidente tolerancia ante la situación fiscal de empresas con las que los inspectores mantenían relaciones comerciales. Son casos que se han producido tanto durante la Administración socialista -Huguet y Aguiar- como con el PP en el poder -Navarro Rubio-. Tanto en la delegación catalana como en la madrileña. Los imputados no han sido personajes marginales de la Agencia Tributaria, y para mayor escarnio, algunos de estos inspectores selectivos propinaron rotundos sermones a favor de la equidad tributaria y contra el fraude fiscal. En los despachos judiciales se acumulan las evidencias, y la propia Hacienda ha abierto tardías auditorías contra estos funcionarios que usaron un encargo público -perseguir el fraude- para administrarlo en beneficio propio. La justicia dirá hasta dónde llegaron las tropelías de estos supuestos servidores públicos, pero Hacienda ha de reaccionar con contundencia.Esta semana ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción la auditoría sobre la conducta de tres subordinados de Huguet en la Inspección de Cataluña. A su espectacular ineficacia, se añade que sus inspecciones tenían un reducido tiempo de trámite y sus expedientes presentaban un escaso acopio de documentación. Pero que estamos ante un caso muy grave lo demuestra que dos de ellos acumularon 265 actas de las 274 realizadas en ocho años a una empresa constructora a la que habían comprado sus viviendas en condiciones económicas envidiables. Por otra parte, en el catálogo de beneficiarios de su benevolencia fiscalizadora aparecen nombres como el de Javier de la Rosa, especialista en manipulaciones contables.

Así pues, el problema no sólo era de fraude a Hacienda, como pretendieron Aguiar y Huguet a sabiendas de que ese delito habría prescrito, sino de cohecho. Es inexplicable que una actuación tan sesgada pasara inadvertida. Por supuesto, el problema de quién vigila a los vigilantes no es nuevo. Pero para que nadie reparara durante años en lo que estaba pasando, tuvo que haber quienes hicieran la vista gorda. Precisamente porque la reiteración de noticias de este tipo resulta letal para la credibilidad del sistema, Hacienda está obligada a extremar los controles. Y los jueces, a sancionar a quienes tan gravemente traicionaron la confianza que se les otorgó.