La ofensiva guerrillera ha puesto a una mayoría de colombianos en contra del proceso de paz

Los últimos ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han puesto en solfa el espíritu negociador del Gobierno y los colombianos. Pero esta quiebra no sólo procede de la última ofensiva rebelde ni de las declaraciones arrogantes de sus comandantes. En los últimos días, y a tan sólo una semana de que oficialmente se instalen las mesas de negociación entre el Gobierno y las FARC, se han lanzado dardos desde varios frentes de la sociedad contra un proceso de diálogo que busca una salida política a una guerra civil de más de 30 años y que ha costado decenas de miles de vidas.

Los datos son claros: una encuesta publicada el domingo por el diario El Espectador revela que el 70% de los colombianos preguntados piensa -al igual que el ex presidente liberal Alfonso López Michelsen- que la subversión es puro terrorismo y como tal habría que tratarla. Esto, unido a otro estudio de opinión que refleja que más del 65% de los consultados no cree que el actual proceso de diálogo conduzca a una paz estable, demuestra que aumenta la desconfianza de la sociedad en la actitud del Gobierno de Andrés Pastrana, que no ha logrado calar con sus propuestas. Los obispos -una fuerza social de primer orden- también han expresado su pesimismo: el domingo le advirtieron al presidente Pastrana de que "soplan fuerte vientos de guerra y muerte", y que en las presentes circunstancias "los esfuerzos de paz no muestran de una forma clara las posibilidades de éxito".

Cada vez son más los sectores sociales que consideran que el presidente está dando demasiado a cambio de nada. Y son también muchos los que piensan que una concesión más es la de la fecha elegida para el inicio de las negociaciones: el 20 de julio, la fiesta nacional de Colombia y el día en el que las Fuerzas Armadas desfilan por las calles de Bogotá.

Jaime Zuluaga, un analista político de prestigio, dijo a este periódico que no se debe posponer más esta fecha de las conversaciones: "Es la única manera de mantener viva la posibilidad de negociación". Zuluaga critica con dureza a las dos partes: al Gobierno por su estrategia exclusivista -"no ha convocado apoyo político representativo, no existe un acuerdo nacional"- y a la guerrilla de las FARC porque con su violenta ofensiva sólo consigue fortalecer las posiciones de aquellos que se declaran en contra de la salida negociada. Para este analista colombiano, los últimos acontecimientos, con el intento de las FARC de tomar 15 ciudades en todo el país, son negativos: "Su acción se les puede volver como un bumerán".

"Se debe aprovechar este momento para rectificar el diseño de esquemas" de trabajo, dice Zuluaga, que insiste en la necesidad de comenzar las negociaciones aun sin la presencia de los sindicalistas del comité temático, que será el ente encargado de encauzar la participación ciudadana en la edificación de la paz.

"Nosotros no nos sentimos representados ni por la guerrilla ni por el Gobierno", ha repetido hasta la saciedad Eduardo Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores . Los sindicalistas exigen cambios en la política social y laboral de Pastrana.

Lo más complicado, opina Zuluaga, es la actitud del jefe liberal Alfonso López Michelsen, quien despojó de todo tinte político a la subversión: "Si se reduce a las FARC a simples bandas terroristas es imposible avanzar en el proceso". Zuluaga ve detrás de estas palabras del ex presidente colombiano la falta de un "acuerdo [previo] en las élites sociales en torno a la política de paz". Falta, a su juicio, un consenso nacional que vaya más allá de la decisión de un Gobierno o de un partido. El éxito del proceso depende, a su entender, de la capacidad del Ejecutivo de contagiar a toda la sociedad.

En medio de estas opiniones encontradas, el Gobierno, a través de su comisionado de paz y de sus cinco negociadores, sigue moviendo los hilos en la sombra con el objetivo de desbloquear el proceso. Uno de ellos, el presidente de Senado, Fabio Valencia Cossio, pidió ayer apoyo para el presidente Pastrana y anunció la posibilidad de adelantar, para el l9 de julio, la instalación de las mesas de concertación. "Las FARC tienen unidad de mando; el Estado debe llegar también unido", dijo, y criticó con dureza a aquellos sectores civiles o militares que lanzan dardos contra la paz.