Bono paraliza el pago de ayudas al lino hasta comprobar si hay irregularidades

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista José Bono, ha paralizado el pago de las subvenciones por el cultivo del lino de la presente campaña procedentes de la Unión Europea hasta completar la investigación que el Ejecutivo regional ha abierto al respecto. Según los datos aportados ayer por el consejero de Agricultura, Alejandro Alonso, esta medida bloquea el pago de algo más de 4.278 millones de pesetas de los que potencialmente son beneficiarios 1.014 agricultores de esta región. Entre ellos, familiares del ex director del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, quienes tienen pendiente de pago 32 y 25 millones de pesetas, respectivamente.El responsable de Agricultura insistió en que los que cultivan este producto saben que no tienen mercado, pero al mismo tiempo conocen que es muy rentable por las subvenciones que recibe. Así, repitió el consejero, aparece el "incendio providencial" que resuelve el problema de espacio de las industrias transformadoras. Se elimina el lino de una campaña, para dejar espacio físico mirando a la siguiente. Recordó que el pasado mes de abril se quemó una empresa transformadora de lino en Picón (Ciudad Real), y en febrero del año pasado otra en Almazán (Soria). En cualquier caso, dijo que tienen que ser otros los que investiguen el origen de estos incendios.

El motivo de la investigación es, según el consejero, aclarar el cobro de las subvenciones en el caso de que no se ajusten a la legalidad, aplicando las correspondientes sanciones o trasladando el caso a los tribunales. A pesar de todo, sí quiso precisar que los que hayan actuado "con buena fe" tienen que estar tranquilos, porque cobrarán lo que les corresponda. El Gobierno regional va a colocar un inspector en cada una de las industrias que operan en la zona. Los inspectores pedirán el número de contratos suscritos con los agricultores para comprobar si se han recibido las cantidades mínimas exigidas por la Unión Europea para percibir las ayudas. También comprobarán si coincide el volumen de paja y la fibra obtenida con las ventas realizadas.

Desde la Consejería de Agricultura se ha pedido ayuda al ministerio para llevar a cabo las inspecciones. También se ha solicitado la modificación de la normativa que regula estas ayudas "para que se pongan cortapisas a la acción de los denominados cazarrecompensas".

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, aseguró al conocer las medidas que "todos los controles que se hagan son buenos. Yo tengo las manos limpias y es interesante que por higiene democrática se aclaren las sospechas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 30 de abril de 1999.

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