Ganó la humanidad

El Tribunal de la Cámara de los Lores ha dejado un sabor agridulce. Pinochet no es inmune ante la jurisdicción internacional, pero de hecho lo es por los delitos cometidos antes de que el Reino Unido y Chile suscribieran el Tratado contra la tortura (1988). Aunque es fácil hablar a toro pasado, esta decisión podía esperarse como una más del rosario de pronunciamientos presididos por la conocida táctica de los dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás.Desde la detención del dictador, las instituciones británicas tenían una patata caliente que ha ido pasando de mano en mano; quienes han decidido se han debatido entre soportar el desprestigio internacional negando los principios del Estatuto de Nüremberg -¡nada menos que en Londres!- y adoptar una decisión de profundo calado que admite la jurisdicción internacional frente a los desmanes de los Estados, lo que a ninguno de ellos les hace demasiada gracia. La primera decisión de los Lores al negar la inmunidad quizá fue adoptada con la secreta esperanza de que la siguiente instancia detendría lo imparable, pero el Ministro del Interior abrió la extradición y hubo que buscar un respiro para la reconsideración de la mano de la apariencia de parcialidad de uno de los Lores. El respiro concluye con un "sí, pero menos", que no por agridulce resulta frustrante.

La apelación a la condición de Jefe de Estado no podía sostenerse coherentemente para conceder la inmunidad: ni como ex-Jefe de Estado, porque la inmunidad acompaña al cargo, ni porque lo fuera al cometer los delitos que se le imputan, porque lo que se le imputa es, exactamente, su comportamiento como Jefe de Estado. Pero esta vez han tenido que pronunciarse con un nuevo e incómodo dato que antes no existía: el proceso de extradición puede abrirse ya y el Reino Unido va a seguir bajo los focos, metido en un considerable lío y con la dichosa patata caliente en manos británicas. Claro que la solución puede ser pasársela a los jueces españoles -al fin y al cabo, los iniciadores de esta enojosa situación-, pero quizá ha parecido conveniente rebajar la intensidad del problema, limitando los delitos objeto de la controversia, lo que no sólo simplifica la discusión de la extradición, que deberá limitarse a un delito de tortura y siete de conspiración para la tortura, sino que también reduce las dimensiones del generoso portón que se había abierto a la revisión internacional de la actuación de los Jefes de Estado.

Y ahí está la filigrana jurídica alumbrada por el proverbial pragmatismo anglosajón: se combina la inmunidad con la irretroactividad de las normas penales lo que resulta, al menos, discutible. La inmunidad sirve para proteger frente a un proceso judicial, incluso aunque se reconozca que los hechos existen y si se niega la inmunidad desaparece el obstáculo formal para juzgarlos, es decir, para entrar en el fondo. Forma y fondo o, más castizamente, el fuero y el huevo. Eliminado el problema formal -la inmunidad-, es en el proceso donde debía considerarse el fondo: si la ley es o no retroactiva y si los hechos son o no punibles.

Los Lores consideran que el Reino Unido sólo está comprometido a facilitar la persecución internacional de la tortura a partir de 1988, aunque tanto allí como en Chile la tortura fuera delito desde mucho antes. Pero quien se compromete a perseguirla no lo hace necesariamente sólo para la cometida a partir de ese momento y, aunque así lo crea, tampoco está obligado a impedir que otros la persigan cumpliendo el mismo compromiso. En realidad, impiden la persecución del delito admitiendo que existe y como en toda discusión sobre el fuero y el huevo, el primero termina por condicionar al segundo y así queda impune el periodo más siniestro de la dictadura.

Pese a todo, la importancia de la decisión y su celebración por todos los demócratas es innegable, porque la humanidad ha ganado. Se confirma que la jurisdicción internacional frente a estos crímenes no es ni un sueño ni una declaración de buenas intenciones. Se liquida la aberrante interpretación de la tortura como un acto oficial, alegada para evitar su juicio. De prosperar, hubiera vaciado de contenido todas las declaraciones internacionales de compromiso en la persecución de estos crímenes y, especialmente, la esperanza de un Tribunal Internacional destinado a juzgarlos, pues lo que se pretende al perseguir el genocidio o la tortura es, precisamente, castigar actuaciones cometidas desde el Estado.

Ahora debe abrirse un proceso de extradición que puede concluir con la entrega de Pinochet a España. El volumen de las acusaciones ha disminuido y la solución final puede ser simbólica y desproporcionadamente inferior a la gravedad de las imputaciones iniciales, pero nadie puede negarnos el valor del símbolo en este caso. Nos queda por oír un argumento impresentable por el que se acusará de parcialidad a quienes han demostrado su antifascismo, como ya se apunta sobre el Ministro Straw. Hay que cortarlo de raíz porque los gobernantes y los jueces de países democráticos tienen la obligación de ser antifascistas, especialmente cuando cumplen con su compromiso de perseguir la tortura. Si los imputados niegan a los demócratas -por el hecho de serlo- la capacidad para decidir, están pidiendo jueces parciales que -por no ser antifascistas- les beneficien a ellos.

El juicio a Pinochet puede quedar reducido a su mínima expresión pero, les guste o no a los partidarios de Pinochet, los delitos que quedarán impunes lo serán por una cuestión de tiempo. A Pinochet le ha salvado -parcialmente- la campana.

Mercedes García Arán es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona.