68 asociaciones cívicas critican el acuerdo político que impide derribar el Rey Chico

Los representantes de las 68 asociaciones que recogieron unas 15.000 firmas para exigir el derribo de un restaurante construido en la falda de la colina de la Alhambra, en Granada, se sienten "sorprendidos" y "defraudados" por los partidos políticos, que han desoído la petición popular. "El edificio es un símbolo de la mediocridad de los políticos", afirma Ian Gibson. "Lo que está claro es que hay un divorcio entre los ciudadanos y los partidos, tanto en los asuntos de patrimonio como en los de medio ambiente", señala José García, portavoz de la plataforma.

La sensación de frustración ha aumentado después de que su único aliado, el alcalde de Granada, Gabriel Díaz Berbel, del PP, renunciara a derruir el inmueble, como había repetido hasta la saciedad. La negativa de la Junta de Andalucía a participar, junto con el Ayuntamiento de Granada y el Ministerio de Educación y Cultura, en la compra del restaurante Rey Chico si el objetivo era la demolición, ha sido la causa que ha inducido al alcalde Díaz Berbel a cambiar su férrea actitud por otra más flexible y abierta a la negociación. Ahora serán los técnicos de las tres administraciones los que tendrán que sugerir el futuro del restaurante, aunque la solución intermedia apunta a un derribo parcial y a un cambio del uso."Tenemos que reunirnos para ver qué acciones podemos emprender. No damos aún por perdida nuestra meta, la demolición del mamotreto", señala José García, portavoz de la plataforma que aglutina a las asociaciones favorables al derribo.

"La participación ciudadana real queda todavía lejísimos", agrega. "Los foros y la posibilidad de presentar alegaciones no sirven para nada. La Administración está cerrada en banda y no acoge las reivindicaciones ciudadanas. El futuro del patrimonio lo deciden entre las cuatro personas que se reúnen en los despachos. No comprendemos la actitud del PP, puesto que el alcalde siempre se había manifestado en una misma línea", añade García.

"El PP sabe que hay una bolsa de votos que irá a parar a quien derribe el edificio, pero no ha hecho lo más simple, revisar de oficio la concesión de la licencia, y ha elegido el camino del parcheo", explica el arquitecto Manuel Matés, que ha interpuesto una demanda en la sala de lo Contencioso ya que está convencido de que la licencia es ilegal. "El PSOE se niega a demoler el edificio porque no podría justificar los costes y correría el riesgo de ser condenado por malversación. Puede que salgan pringados unos y otros. Esto es una engañifa más", agrega Matés. A su juicio, la controversia del edificio demuestra el "pleno divorcio" entre los partidos y una parte importante de los granadinos.

Ética y estética

Francisco Ramírez, del Colectivo 220, admite que el largo debate sobre el Rey Chico ha provocado un "empacho". "El movimiento ciudadano que se expresó mediante la recogida de firmas hace más de un año no está debilitado, pero hemos llegado a un extremo en que la decisión es política. Hace sólo tres meses el alcalde dejó claro que tiraría el restaurante, y se refirió a la presión de la calle, pero su última decisión ha sido sorprendente", agrega.

El investigador Ian Gibson, que reside en Granada desde hace años, recuerda una frase del político Fernando de los Ríos: "A la ética por la estética". "Si los políticos son incapaces de mantener limpio el río Darro, ¿qué solución van a ofrecer para acabar con ese búnker? Es un edificio horrible. Si pudiera lo quitaría de inmediato, es un desprecio a la colina de la Alhambra. ¿Cómo pudieron llegar hasta allí el PP y el PSOE sin que nadie dijera nada? Estoy desesperado. Díaz Berbel no es un hombre serio pero los ecologistas de buena fe se fiaron de él. No es ético lo que ha hecho", señala Gibson.

Las 68 asociaciones tienen previsto reunirse esta semana para perfilar una estrategia después de conocer los últimos acontecimientos. El argumento dado por la Consejería de Cultura de que no es rentable invertir más de 600 millones en indemnizar al dueño del restaurante para demolerlo a continuación no convence a José García. "Cualquier obra faraónica, en que la Administración carece del sentido del ahorro, supone un dispendio mayor. Pienso que la Administración se muestra cicatera en un asunto que en realidad sería una buena inversión", agrega.