Piqué renuncia a la querella contra Borrell y estudia presentar una demanda civil por su derecho al honor

El ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué, ha cambiado de idea en su pretensión inicial de presentar una querella en los tribunales por la vía penal contra el candidato socialista a la presidencia del Ejecutivo, José Borrell, por acusarle de evasión de impuestos o de estafa. Piqué planteará, en todo caso, una demanda en la vía civil por intromisión ilegítima en el derecho al honor, pero tampoco tiene nada clara esta decisión. El secretario general del PP, Javier Arenas, y Piqué conversaron ayer durante dos horas sobre la mejor estrategia a seguir para defender al portavoz del Gobierno.

Piqué y la dirección del PP pidieron el lunes a Borrell que rectificara sus declaraciones. Pero el candidato socialista, lejos de hacerlo se ratificó en sus palabras, pronunciadas durante el mitin que se celebró el sábado en Leganés (Madrid), donde acusó a Piqué por haber mantenido su actividad en la empresa familiar Loreto Consulting mientras presidía Ercros entre 1992 y 1996.El candidato socialista dijo en el mitin que "algunos podrían pensar" que si Piqué había contratado desde la presidencia de Ercros informes a su empresa familiar Loreto Consulting (creada en 1989), fue para beneficiarse a la hora de cobrar esos trabajos de una menor carga fiscal: o defraudaba a la empresa o al fisco. Precisamente, la ambigüedad de la acusación de Borrell al portavoz es la que ha empujado a éste, una vez conocida en detalle la declaración del candidato socialista, a desestimar la querella criminal y plantearse, si es el caso, una demanda por la vía civil.

En la estrategia del Gobierno contaba la posibilidad de la querella para tratar de dar la vuelta a la situación de Piqué, sometido a la erosión política por continuas denuncias sobre su política de subvenciones y de gestión en el Ministerio de Industria. El Ejecutivo pretendía, con la querella, que el denunciante, en este caso Borrell, terminara por ser el denunciado. Pero ahora tiene serias dudas de que esa estrategia sea la correcta.

Piqué y su entorno creen que "no hay base legal suficiente" para querellarse en los tribunales por la ambigüedad de las declaraciones de Borrell. Ahora estudian si existen fundamentos y es conveniente una demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho al honor, que tiene una tramitación mucho más lenta y cuyo resultado, si hubiera condena, suele ser una indemnización económica y, en su caso, una rectificación. Otra posibilidad que se barajaba ayer en el entorno del ministro portavoz consiste en una indefinida "rectificación pública ante el juez".

Tanto el Gabinete de Aznar como el PP hicieron ayer una defensa cerrada del ministro portavoz y reiteraron su tesis de que es víctima de una "cacería". En el partido no se quería conceder ayer mucha trascendencia a la cita que mantuvieron en la sede de Génova, 13, durante dos horas, Arenas y Piqué. La explicaron como un habitual encuentro "entre dos amigos que se ven habitualmente e intercambian opiniones sobre sus distintos problemas". El PP, en ese contexto, no se plantea ni asesorar jurídicamente a Piqué ni arroparle más de lo que ya han hecho hasta ahora.

Opción personal

Fuentes del partido desligaron la opción personal que finalmente tome Piqué de las actuaciones que seguirá el partido para contrarrestar, con demandas en los tribunales y con contrainformes en el ámbito político, lo que entienden como una campaña en clave electoral de los socialistas, que Luis de Grandes, portavoz parlamentario del PP, definió ayer como la de "un caballo en una cacharrería, con mucha desvergüenza, desfachatez, y acusaciones calumniosas e injuriosas". Añadió que ni el PP ni el Gobierno "van a perder la cabeza" por esta avalancha de denuncias, que volvió a calificar como "infundadas".De Grandes, tras arremeter contra la campaña de acoso del PSOE, aventuró que existe "un abismo" entre su disposición a atajar con firmeza cualquier corrupción de un responsable de su partido y el objetivo de los socialistas de confeccionar un mapa de irregularidades a partir de "la acumulación de pequeñas cosas". Fue ahí cuando justificó la posibilidad de que determinados cargos del PP acusados de corrupciones, incluido Piqué, no tengan "más remedio" que acudir a defenderse a los tribunales cuando los demás intentos de explicarse fracasan.

Sin embargo, en algunos sectores del propio PP se contempla con preocupación la situación del ministro portavoz. Así, la presidenta del partido en Andalucía, Teófila Martínez, manifestó que los políticos no deben "poner la mano en el fuego por nadie", porque "cada uno es responsable de lo que hace". "En caso de que alguien comenta una irregularidad, el partido tomará decisiones inmediatas y hará averiguaciones", advirtió.