Una investigación sobre la guerra de Guatemala culpa al Ejército de genocidio planificado

El Ejército de Guatemala perpetró entre 1981 y 1983 un genocidio contra las comunidades indígenas mayas como parte de su estrategia para combatir a la guerrilla. Ésta es la conclusión más contundente del informe presentado ayer por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), encargada de investigar la barbarie que se adueñó de este país durante tres décadas de guerra. El documento acusa al Estado de haber convertido a los guatemaltecos en objetivo bélico: la mayoría de las 200.000 víctimas del conflicto fueron civiles indefensos.

Guatemala comenzó ayer a enfrentarse a sus fantasmas. Dos años después de que el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) sellaran la paz, los protagonistas del conflicto se dieron cita en el teatro Miguel Ángel Asturias de la capital para recibir el informe Guatemala, memoria del silencio. El horror en 3.400 páginas. La locura de un pasado atroz, entretejido por las injusticias de la historia propia y los intereses ajenos de la guerra fría. Durante 19 meses, un equipo de 269 especialistas de 31 países, coordinados por el español Fernando Castañón, funcionario de Naciones Unidas, se encargó de recoger y procesar más de 8.000 testimonios, una memoria silenciada que ayer recobró la voz."En ningún país de América Latina se habían registrado tantos casos de violaciones de los derechos humanos como aquí. Según las estadísticas, Guatemala encabeza todo", según el noruego Christian Tomuschat, coordinador general de la CEH.

Acusación de genocidio

El Estado guatemalteco había encabezado tradicionalmente las listas negras de las violaciones de los derechos humanos. Ayer, sin embargo, la comisión creada por los firmantes de los acuerdos de paz, y respaldada por la ONU, lo acusó formalmente de genocidio. Como tal pueden calificarse las acciones de destrucción sistemática que el Ejército perpetró entre 1981 y 1983 contra las comunidades indígenas de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz, en el norte del país.

El informe no identifica individualmente a los responsables (por acuerdo del Gobierno y la URNG), pero la cronología lo dice todo: la etapa corresponde al final del Gobierno del general Lucas García (1978-1982) y a todo el mandato del general golpista Efraín Ríos Montt (1982-1983), que puso en marcha la política de tierra arrasada como estrategia contrainsurgente.

En esos años, los grupos mayas se convirtieron en el principal "enemigo interno" para el Ejército, que los consideraba "aliados naturales" de la guerrilla. Comenzó así su "aniquilamiento" en "secuencias lógicas y coherentes". En la región maya ixil, por ejemplo, entre el 70% y el 90% de las aldeas fueron destruidas. Las masacres se acompañaban a menudo de toda clase de torturas. Los casos recogidos por la comisión dan sobrada idea del grado de desquiciamiento: desde asesinatos de niños golpeándolos contra las paredes hasta mutilaciones y empalamientos.

La población indígena, que constituye más de la mitad de los guatemaltecos, fue la más afectada por la represión, pero no la única. Escudado en la Doctrina de Seguridad Nacional y la lucha contra la guerrilla, el Estado, dice el informe, incluyó en el concepto de "enemigo interno" a todos los opositores, "demócratas o no, pacifistas o guerrilleros, legales o ilegales, comunistas o no comunistas". Entre 1962 y 1977, las víctimas fueron sobre todo "ladinos" [blancos y mestizos]: líderes campesinos y sindicales, profesores, estudiantes y dirigentes sociales de la capital y de las regiones del sur y del este del país. Era una represión más selectiva, basada en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Esa misma pauta se reproduce después de 1985.

La CEH establece que la guerra civil empezó en 1962 y se extendió hasta 1996. El conflicto dejó más de 150.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados.

El informe documenta 626 matanzas: el 93%, perpetradas por las Fuerzas Armadas, y el 3%, por las guerrillas. A juicio de la comisión, "esta disparidad no atenúa la gravedad de los atentados injustificables cometidos por la guerrilla contra los derechos humanos". En concreto, el informe recoge 32 matanzas de civiles (incluyendo mujeres y niños) perpetradas por la URNG entre 1981 y 1982, además de secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales de civiles y de sus propios combatientes y varios episodios de torturas. Frente a las argumentaciones tanto del Ejército como de la URNG, que achacan los excesos a sectores descontrolados, la comisión considera que las violaciones de los derechos humanos fueron, en ambos casos, una "política institucional" cuya víctima principal fue la población civil. El informe recomienda que los países que ayudaron a las partes sufraguen, junto al Estado guatemalteco, los costes de un programa de reparación moral y material a las víctimas. Se cita específicamente a EEUU y a Cuba. La CEH ha alabado la cooperación de EEUU, que ha dado apoyo financiero a la investigación , ha desclasificado documentos y ha aportado información valiosa. El régimen cubano, de momento, no ha abierto la boca.