Desconcierto en Cultura sobre la repercusión del auto

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desconcertó a los responsables del departamento de Cultura, que ayer desconocían aún si iban o no a recurrirla. El consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, se limitó a hacer unas declaraciones por escrito y a repetirlas para las cadenas de televisión y radio, en las que calificó de "cuestiones de carácter técnico" las que había tenido en cuenta el tribunal a la hora de tomar la decisión de suspender parte del decreto. El tribunal argumenta que dicha norma no puede establecer unas sanciones que la Ley de Política Lingüística no prevé.Entonces, ¿qué va a hacer el departamento de Cultura si persiste en su intención de aplicar sanciones? ¿Promover la modificación de la ley? ¿Cómo va a obligar a los distribuidores y exhibidores a que acaten el decreto sin el arma de las multas? Para estas preguntas tampoco había respuesta concreta. "Las cuestiones técnicas requieren soluciones técnicas", se limitaron a precisar en Cultura.

Si los responsables del decreto estaban descolocados por el auto judicial, otros miembros del Gobierno y dirigentes de Convergència i Unió (CiU) no lo parecían tanto, y lanzaron alguna que otra propuesta. Por ejemplo, el portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, dijo que la situación "es subsanable" si se introducen sanciones en la ley. También la consejera de Justicia, Núria de Gispert, se refirió al auto. Afirmó que la Generalitat nunca ha tenido "voluntad de sancionar" y vaticinó que el auto "hará reflexionar al Gobierno , en concreto al departamento de Cultura, para ver cuál es la solución que se puede adoptar". Ella abogó por buscar un pacto "extrajudicial" con el sector.

Pujals no habló de soluciones. El mensaje que el consejero transmitió fue el de que la decisión del tribunal "no modifica los objetivos del decreto". En este sentido, subrayó que el auto "no cuestiona el establecimiento de cuotas de distribución y exhibición" de filmes en catalán. Y aseguró que el Gobierno autonómico seguirá negociando.

Los grandes distribuidores estadounidenses, agrupados en Fedicine, tampoco ayer quisieron hacer declaraciones. Los exhibidores catalanes sí reaccionaron por boca de uno de los gabinetes de abogados que los representa, el bufete Cuatrecasas. Un portavoz aseguró que los exhibidores están "aliviados" por la decisión del tribunal, que calificaron de "éxito del Estado de derecho". Y añadió: "Confiamos en que la Generalitat sepa aportar soluciones adecuadas para rectificar el mal camino que había iniciado".

Para otro de los recurrentes del decreto, la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que preside el dirigente del PP Aleix Vidal-Quadras, "la política lingüística de la Generalitat ha quedado vapuleada por la decisión del tribunal, que nos da la razón, porque siempre nos hemos opuesto a las sanciones por cuestiones lingüísticas", señaló el secretario de la plataforma, José Domingo. Todos los partidos políticos de Cataluña, sin excepción, arremetieron contra la actuación de la Generalitat. El PP consiera que el auto apoya su línea crítica con las sanciones. Esquerra Republicana, por el contrario, reclamó que se modifique la ley del catalán para incluir sanciones. Pasqual Maragall criticó que se quiera defender con decretos el prestigio social del catalán. Partit dels Socialistes (PSC), Iniciativa per Catalunya (IC-V) y el Partit per la Independència (PI), que apoyaron con reservas el decreto en su momento, criticaron la incompetencia de la Generalitat.