La Generalitat pide ayuda a Rajoy para negociar con el sector del cine

La Generalitat aceptaría gustosa el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura en la negociación que mantiene con las distribuidoras cinematográficas estadounidenses a dos meses de la aplicación del decreto que establece cuotas de catalán en el cine. El consejero de la Presidencia, Xavier Trias, dijo ayer que sería "fantástico" y "lógico" que Mariano Rajoy ayudara a la Generalitat a convencer a la industria de que debe acatar la norma.

El consejero, sin embargo, no se manifestó demasiado optimista al respecto, ya que el PP de Cataluña votó en contra de la Ley de Política Lingüística de la que deriva el decreto. Con todo, informa Europa Press, al número dos del Gobierno de la Generalitat tampoco le parecería extraño del todo que el nuevo titular de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, echara una mano a la Generalitat en este asunto dada la personalidad del ministro. Dijo el consejero que Rajoy "tiene una voluntad clara de colaboración, un talante negociador muy importante y es un hombre con mentalidad pactista y con una gran capacidad de diálogo". Xavier Trias se mostró convencido de que las majors no llevarán a cabo su amenaza de distribuir un número de copias inferior al habitual para sortear el decreto en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentencie en contra del recurso que han presentado. La norma prevé que la mitad de las copias de los filmes más taquilleros (con más de 16 copias en Cataluña) sea doblada al catalán. Además de la Federación de Distribuidores de Cine (Fedicine) -que agrupa a las principales distribuidoras-, han recurrido contra el decreto dos organizaciones de exhibidores -el Área Catalana de Exhibición Cinematográfica (ACEC) y la Federación de Exhibidores de Cine de Cataluña- y Convivencia Cívica Catalana, plataforma que preside el senador del PP Aleix Vidal-Quadras.El consejero Xavier Trias aventuró que el "pulso" que mantienen las multinacionales del cine con la Generalitat acabará bien, ya que recordó que "los norteamericanos son muy respetuosos con las leyes". El consejero reconoció, no obstante, que a las distribuidoras estadounidenses de cine "les cuesta mucho entender que exista un lugar en el mundo que se llama Cataluña que ha tomado la decisión de ver cine en su propia lengua".

Las empresas distribuidoras y exhibidoras aducen poderosas razones contra el decreto en sus recursos. El de ACEC, presentado por el bufete Cuatrecasas, argumenta que un reglamento no "puede inventarse" sanciones que la ley no prevé. "Es decir", razona, "donde la Ley de Política Lingüística encomendaba al Gobierno "favorecer, estimular y fomentar", el Ejecutivo autónomo ha adoptado la actitud de "coaccionar, tipificar y sancionar".

Sin embargo, la exposición de motivos no es una apelación al repertorio de normas, sino un relato descriptivo de qué pasaría en las salas de cine catalanas de aplicarse el citado decreto. El texto explica por qué el Gobierno catalán, con este decreto, "ha demostrado un gran desconocimiento del sector" y "ha incurrido en voluntarismo ingenuo". Las películas norteamericanas y, en menor medida, las europeas reúnen el 91,78% del público de cine en Cataluña. "No sólo más del 91% de nuestros ingresos proceden de producciones extranjeras, sino que además ese material nos es suministrado en su mayoría por distribuidoras también extranjeras". Por tanto, si las multinacionales se niegan a doblar las películas en catalán, las salas no podrán cumplir con un reglamento que les impone exhibir en catalán una cuarta parte de las películas dobladas o subtituladas.

El texto avisa de que la política de estas multinacionales "no es ni mucho menos la de traducir sus películas a las lenguas minoritarias de los países en los que operan, sino que únicamente doblan a un número muy limitado de idiomas: sólo CINCO , entre los que, eso sí, se encuentra el castellano".

El bufete Eduardo García de Enterría -que representa a Fedicine y a la Federación de Exhibidores- recoge algunos de estos argumentos y añade otros. Considera, por ejemplo, que la norma vulnera el derecho comunitario y la Constitución. Infringe el primero porque es discriminatorio con los filmes de los Estados miembros de la Unión Europea. Las películas en español no cuentan como extranjeras en el cómputo de las cuotas y, por tanto, tampoco tienen esta consideración las hispanoamericanas. En cambio, sí la tienen las europeas. Y vulnera la Constitución y no recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la ley del catalán en lo que respecta a la libertad de las personas y de empresa.