Detenido el último dictador argentino por el caso del robo de niños

El último dictador argentino, el general que en 1983 entregó los atributos del poder al presidente democrático Raúl Alfonsín, fue detenido anoche transitoriamente en un cuartel de la Gendarmería Nacional -policía de fronteras- después de que se le tomara una declaración testimonial. Reynaldo Bignone es el noveno militar de alto rango en prisión preventiva acusado, como sus compañeros, por el robo de los niños nacidos en cautiverio. El juez le concederá hoy el beneficio de permanecer bajo arresto en su casa debido a su edad, 71 años.El proceso se va tragando a uno a tras otro. La investigación, centrada inicialmente en la desaparición de los niños que nacieron en la maternidad clandestina que funcionaba en el campo de concentración de prisioneros que funcionaba dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada(Esma), arrastró primero a los marinos responsables de la institución, luego a sus superiores, entre ellos el ex general Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera -a quienes se considera "autores mediatos" del delito-, y va ahora por los que dictaron leyes de autoamnistía y ordenaron quemar toda la documentación que pudiera involucrarlos. Es el caso del general Nicolaides, detenido la pasada semana, y ahora de Bignone, a los que se acusa de encubrir esos delitos.

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Con ellos dos acaba la primera parte del proceso iniciado en 1996 por las denuncias de seis abuelas, integrantes de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban la investigación sobre el robo de unos 200 niños nacidos en cautiverio. Pero el juez Adolfo Bagnasco ya pidió al Estado Mayor general del Ejército de Tierra que le envíe el sumario personal de otros nueve generales, entre ellos Leopoldo Galtieri, que ordenó la invasión a las Islas Malvinas en abril de 1982, y Antonio Bussi, actual gobernador civil de la provincia de Tucumán, al norte del país, para saber qué responsabilidades tenían durante la dictadura. La secuencia de declaraciones y arrestos preventivos podría continuar a finales de febrero, o principios de marzo, con Galtieri y el resto de los presuntos implicados.

El actual comandante en jefe del Ejército de Tierra, general Martín Balza, regresó de manera imprevista el martes por la tarde de sus vacaciones y, tras reunirse con los altos mandos de la fuerza, difundió un comunicado a la prensa para ratificar que "el Ejército no dispone de ningún archivo ni documentación relacionada con la lucha contra la subversión durante el último gobierno militar". Según Balza, y los generales en actividad, "el problema es de particular relevancia institucional" y acusa al general Nicolaides, que había reconocido la existencias de esos archivos, "de borrar todo vestigio y antecedentes de lo actuado" cuando, en 1984, el propio Nicolaides ordenó a todos los jefes de unidades militares quemar la documentación. Ayer, el ex miembro del tribunal que juzgó y condenó a los comandantes de las primeras juntas militares, León Arslanian, actual ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reconoció a su vez que la policía provincial tenía documentación que probaba la existencia de los campos de concentración y entregó esos archivos al tribunal correspondiente.