Sanidad decide convertir en fundaciones los hospitales y centros sanitarios del Insalud

El Ministerio de Sanidad ha decidido convertir en fundaciones los hospitales públicos y centros sanitarios dependientes del Insalud. La finalidad de este importante cambio en la sanidad pública es conceder autonomía de gestión a cada centro. Pero la oposición rechaza la fórmula impuesta por el PP porque introduce un amplísimo margen de discrecionalidad en la gestión de los servicios públicos. La norma fue presentada ayer en el Senado como una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado poco antes de que expirara el plazo para hacerlo.

El PP ha esperado al último momento para presentar a aprobación parlamentaria la regulación de una nueva figura jurídica, las fundaciones públicas sanitarias, destinada a transformar los mecanismos de gestión de los más de 80 hospitales públicos y, potencialmente, a todo tipo de centros y servicios del Insalud, que suman más de un millar e incluyen los centros de asistencia primaria.La norma fue presentada ayer en el Senado, en donde el PP dispone de mayoría absoluta, después de que el proyecto fuera sometido por la mañana a una última revisión por parte del Ministerio de Hacienda y sufriera en el último momentos importantes modificaciones.

El objetivo declarado de esta nueva regulación jurídica de los hospitales del Insalud es dotarles de autonomía de gestión, respetando al mismo tiempo los derechos adquiridos de los trabajadores, que están amparados por el Estatuto del Personal Sanitario, una norma que les asimila prácticamente a funcionarios.

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan José Laborda, acusó ayer al PP, acusó al ministro de Sanidad, José Manuel Romay, de "mentir" al Parlamento al no informar en ninguna de sus comparecencias públicas acerca de sus intenciones de modificar el actual sistema de gestiñon sanitaria.

En opinión de la diputada Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad, "esta normativa permite la desmembración del sistema en una multitud de entes cuyo control no se garantiza en ningún momento". En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.

Éstos son algunos de los aspectos más controvertidos:

Desmembración

Justo ahora que la Tesorería de la Seguridad Social deja de contribuir a los presupuestos sanitarios, el Gobierno concede a las fundaciones que gestionarán los centros sanitarios las atribuciones de los entes gestores de la Seguridad Social. Hasta ahora, esta categoría sólo se atribuía a los grandes organismos de gestión,que son el Insalud, el Inserso y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.El texto presentado en el Senado introducía esta importante modificación respecto del proyecto que había manejado el PP hasta el último momento, lo cual significa que se concede a cada una de las fundaciones la categoría de entidad gestora. "Esto supone la desmembración del sistema sanitario en una multitud de entes para los que no se prevén además mecanismos de control externo ni de participación", indica Amador. La desmembración es también la primera crítica que plantea Sánchez Bayle.

Contratación

Amador utiliza la palabra "desregulación" para definir la esencia del proyecto, que en el último momento ha sufrido otra modificación sustancial: el texto inicial preveía que las nuevas fundaciones no se regirían por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo que les daba la facultad de poder contratar discrecionalmente cualquier servicio o cualquier compra sin tener que convocar concurso, como establece la citada ley a partir de determinada cantidad. De haberse mantenido, este punto hubiera constituido un gran escándalo político, pues el Insalud gestiona cada año alrededor de 600.000 millones en la compra de bienes y servicios, que el PP pretendía excluir del marco de contratación pública. Éste exige la convocatoria de un concurso público a partir de determinado importe.Pese a esta sustancial modificación, la normativa concede al presidente del Insalud y a los propios hospitales un amplio margen de discrecionalidad. Se definen como organismos públicos adscritos al Insalud, y para su constitución sólo será preciso un acuerdo del Consejo de Ministros. El plan de actuación de cada fundación, que incluirá los recursos de que dispondrá, sólo requerirá la aprobación del presidente ejecutivo del Insalud.

Amador recuerda que, según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), la creación de una empresa pública requiere de una ley, y sus estatutos deben regularse por decreto, mientras que estas fundaciones se podrán crear con un simple acuerdo de Consejo de Ministros, que es el rango mínimo.

Esta desregulación puede plantear, según Amador, problemas de inseguridad jurídica. La nueva normativa facilitará además, según Sánchez Bayle, una política de externalización de muchos servicios, lo que en la práctica supondrá su privatización.

Traspaso del Insalud

El PP se había comprometido a traspasar las competencias que ahora gestiona el Insalud a las comunidades en esta legislatura. La nueva normativa, o bien supone el aplazamiento de estas transferencias o bien coloca a las futuras comunidades receptoras de competencias ante una situación de hechos consumados. En cualquier caso, la norma debería cambiarse en el momento del traspaso, pues las prerrogativas que atribuye al presidente del Insalud quedarían sin efecto.