Farreres declara durante cuatro horas ante el juez por los fondos de formación

PERE RÍOS, Barcelona [EN] El consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, declaró ayer como inculpado durante más de cuatro horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Farreres se pronunció sobre los criterios seguidos en el reparto de los fondos de formación, después de que dos empresas beneficiarias de estas subvenciones se querellasen en septiembre por un supuesto delito continuado de prevaricación. Durante su declaración, el consejero negó haber favorecido a centros vinculados a Unió Democràtica, el partido en el que milita. Admitió que Trabajo contrató detectives y abogados para espiar al llamado grupo Méndez, tras sospechar que había desviado 109 de las subvenciones recibidas.

A raíz de esas investigaciones, Trabajo denunció el pasado mes de junio en la fiscalía del TSJC al grupo Méndez. El ministerio público formalizó ayer una denuncia en el juzgado de guardia contra los empresarios responsables de estas sociedades, a los que acusa de los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil. Por el contrario, en la querella del grupo Méndez que motivó la declaración de ayer de Farreres ante el TSJC se aseguraba que las subvenciones de los fondos de formación se realizaron siguiendo un criterio "particular, partidista y arbitrario". El grupo acusa a Trabajo de adeudarle 70 millones de pesetas por cursos ya realizados entre 1995 y 1997. El consejero explicó que "no existe ninguna clase de relación orgánica" entre él o Unió y empresas o centros de formación propiedad de dirigentes de este partido o sus familiares que han recibido subvenciones. En este sentido, recordó que anualmente se benefician de estos fondos unas 1.300 entidades. En otro momento, Farreres aseguró que el reparto de las subvenciones "se ha de hacer de acuerdo con una multiplicidad de variables" y restó importancia a que, hasta hace dos meses, no existiesen unos criterios transparentes sobre el reparto de los fondos Del mismo modo, Farreres explicó que, antes de encargar que se investigase a las empresas del grupo Méndez, se reunió con representantes de la Asociación Catalana de Centros de Formación Profesional,a la que pertenece el grupo. Ésta le exigió "con violencia verbal" que se multiplicasen por cuatro las subvenciones que recibía entonces, cifradas en 250 millones de pesetas. Como Trabajo no accedió a la petición, explicó Farreres ante el juez, se inició una campaña contra su departamento, que incluyó la celebración de manifestaciones. MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 7