El Tribunal de Cuentas europeo arremete contra algunas subvenciones agrícolas vigentes en la UE

El Tribunal de Cuentas europeo arremetió en su informe anual, publicado ayer, contra algunas subvenciones agrícolas de la Unión Europea (UE), especialmente las destinadas al trigo duro, base para la fabricación de pastas y sémolas.El proteccionismo otorgado a este producto duplica largamente su valor de producción, al alcanzar las ayudas el 113% del mismo. Las otorgadas al trigo blando suponen sólo el 27% de su valor. La producción europea -de la que Italia aporta la mitad- es la más importante, pues supone una cuota del 25% de la mundial.

Si las ayudas tuviesen únicamente como objetivo compensar la diferencia de rendimiento de este cereal respecto de otros, los gastos presupuestarios podrían haberse reducido en más de 3.000 millones de ecus (casi medio billón de pesetas) durante el periodo 1994-1997, argumenta el tribunal.

"Ningún elemento justifica claramente el trato especial" otorgado a los productores de trigo duro, concluye. Los auditores proponen en consecuencia armonizar la subvención de esta especialidad con las establecidas para el maíz y las oleaginosas, lo que supondría una reducción del 30% en las ayudas directas a los productores.

El tribunal recuerda que han sido los Estados miembros, y no la Comisión Europea, los que han defendido este régimen superproteccionista. Y critica acerbamente que la fijación de los totales de ayuda a la hectárea y la elección de las zonas beneficiarias son producto "más de un compromiso político" que de criterios objetivos.

Resultado de este disparate, según el tribunal, es que el impacto presupuestario de estas subvenciones se duplicó entre los años 1986 y 1993 y volvió a hacerlo entre 1993 y 1994. En 1997, el presupuesto destinó a este producto, que sólo supone el 4% de la producción cerealera (excluido el arroz), 1.081 millones de ecus (algo más de 180.000 millones de pesetas).

También son los Gobiernos los principales destinatarios de las críticas sobre los errores e irregularidades en la ejecución de los programas de los fondos estructurales, cuyos "controles y seguimiento son insuficientes", asegura el informe. "Corresponde ante todo a los Estados miembros, responsables de la gestión de las acciones estructurales, verificar su ejecución", apunta el tribunal.

El informe anual -que no aflora fraudes, sino múltiples irregularidades y disfunciones, como la Comisión destacó ayer con satisfacción- es también duro con las partidas destinadas a los programas Tacis (Rusia) y Phare (Europa oriental), por su bajo nivel de ejecución y control.

En el caso del Phare, los adelantos de hasta 370 millones de ecus (62.000 millones de pesetas) crean "una tesorería intermedia sobre la que la autoridad pública no ejerce más que un control limitado". Los auditores se quejan de "no haber podido obtener información precisa sobre la justificación de las opciones y el alcance de los créditos solicitados" por culpa de Bruselas.

[Sobre otro programa, el Joule-Thermie, de energías renovables, el tribunal llega a afirmar que "la mitad de los fondos han sido utilizados para otra serie de fines" que no tienen relación con los previstos].