La justicia civil tendría difícil procesar al general en Chile

El argumento de quienes defienden que Augusto Pinochet debe y puede ser juzgado con plenas garantías en su país, Chile, ha sido puesto en entredicho por el presidente de la Corte Suprema chilena, Roberto Dávila, quien ha admitido lo que muchos sospechan: los militares no aceptarán que el ex dictador sea juzgado por un tribunal civil.

El alto magistrado vaticina un conflicto de competencias entre la justicia militar y el juez Juan Guzmán, que instruye 11 querellas presentadas contra Pinochet por delitos de lesa humanidad.

Dávila sostiene que la justicia castrense "seguramente va a invocar en algún momento" el argumento de que los delitos de secuestro, desapariciones y ejecuciones de personas durante el régimen militar que investiga el juez Guzmán desde hace más de un año fueron "actos de servicio", por lo que deberían dirimirse en el ámbito castrense.

Fuero militar

De plantearse el litigio, la decisión quedará en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el caso de que la investigación de las querellas contra Pinochet pasara al fuero militar se nombraría "un juez en visita civil de la Corte Marcial", que instruiría las causas. La Corte Marcial está integrada por cinco jueces, tres militares y dos civiles.Roberto Dávila subraya que una eventual inhibición en favor de la justicia militar no alteraría la imagen del poder judicial chileno, ya que en último término la Corte Suprema siempre quedaría como el tribunal superior. Las palabras del magistrado Dávila sobre la Ley de Amnistía, que ampara todos los delitos violatorios de derechos humanos desde el golpe de Estado de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978 (el periodo de más intensa represión), no hacen sino alimentar las dudas sobre el futuro judicial que le espera a Pinochet en Chile: "A lo mejor le va a doler a alguien, pero hay una ley que está vigente, nos guste o no nos guste, y todos hemos jurado respetar la Constitución y las leyes".

En una reciente entrevista con este diario, el juez Juan Guzmán admitió que la jurisdicción militar puede reclamar en cualquier momento la competencia de un eventual proceso contra Pinochet y otros uniformados, tanto por su condición de miembros del Ejército como por constituir los hechos investigados "actos de servicio".

El Gobierno chileno y los partidarios del ex general esgrimen el principio de que ningún tribunal extranjero tiene competencia para juzgar presuntos delitos cometidos por chilenos en territorio chileno. En consecuencia, Pinochet sólo puede someterse a los tribunales de su país de origen.