El Gobierno francés solicita al Reino Unido la extradición de Augusto Pinochet

El mismo día en que la comisión judicial de la Cámara de los Lores dio por terminadas las audiencias públicas sobre Augusto Pinochet para dictar su veredicto, el Ministerio francés de Exteriores decidía ayer enviar al Reino Unido la petición formal de extradición del ex dictador chileno. Poco antes, las autoridades suizas efectuaron la misma solicitud. La existencia de tres demandas de extradición produciría, llegado el caso, un concurso de extradiciones. Tendría prioridad el país que le reclama por el o los delitos más graves, que en este caso, es España.

Según la ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, la reclamación cursada por la preceptiva vía diplomática debe llegar a su destino en cuestión de horas. "La investigación y las pruebas de la demanda de extradición formalizada por las autoridades judiciales francesas respecto a Pinochet han sido remitidas hoy [por ayer] a la cancillería que, a su vez, las ha transmitido al Quai d"Orsay para que sean inmediatamente presentadas por Francia a las autoridades competentes del Reino Unido", dijo ayer un portavoz de Justicia.A última hora del miércoles, también las autoridades suizas solicitaron formalmente la extradición del general retirado, según fuentes del Ministerio británico del Interior.

Por otra parte, el presidente del tribunal de cinco jueces de la Cámara de los Lores, Gordon Slynn, declaró ayer visto para sentencia el caso Pinochet, "un caso importante y muy difícil", según dijo, en el que la fiscalía de la Corona y el juez Baltasar Garzón apelaron contra la concesión de la inmunidad soberana al general-senador.

Tras la audiencia de ayer, en la que la fiscalía británica subrayó el valor de la jurisdicción española confirmada por la Audiencia Nacional española el 5 de noviembre, se espera la sentencia final para la próxima semana.

La línea argumental de Alun Jones, abogado que representa a la fiscalía de la Corona y al juez español, y del profesor Christopher Greenwood, representante de Amnistía Internacional en la causa, estuvo llena de sutilezas.

En lugar de atacar la ley de Inmunidad de los Actos de Estado y el concepto de inmunidad soberana, ambos señalaron que el general-senador no podía invocar en este caso dicha protección. "Incluso en el caso de que Pinochet fuese jefe de Estado el régimen estatutario que invoca su defensa no le concede inmunidad respecto a actos criminales presuntamente perpetrados por él", señaló Jones.

El letrado de la fiscalía subrayó que cuando se desarrolló la vista en el Alto Tribunal de Justicia, que falló a favor de la inmunidad ahora en apelación, no se contaba con el material documental que se ha aportado a la Cámara de los Lores en la última semana. Jones solicitó especialmente a los cinco jueces que lean los dos autos de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "aprobados el 5 de noviembre unánimemente por 11 magistrados", que definen los elementos indiciarios de "genocidio, terrorismo y tortura, y que al ser delitos contra la humanidad gozan de jurisdicción universal, razón por la cual se ha declarado la competencia de la jurisdicción española".

Jones explicó que los crímenes se cometieron en varios países, a lo que el presidente, Lord Slynn, precisó: "Pero no en Madrid". Jones, que podía citar el intento frustrado de asesinar al dirigente socialista chileno Carlos Altamirano, un hecho que está en la causa de Chile, no lo dijo. Simplemente señaló que, en efecto, no había habido asesinatos en Madrid. En cambio, hizo énfasis en el hecho de que la demanda de extradición de Pinochet había llegado al Home Office el miércoles y que sería de interés la lectura de dicha solicitud, cuyo contenido obra en la causa.

En ayuda de Jones vino una precisión realizada por el experto letrado independiente, David Lloyd Jones, el amigo de tribunal, sin relación con las dos partes litigantes, quien recordó que según la ley de Justicia Criminal inglesa y la ley internacional "no se puede incluir la tortura entre los actos públicos oficiales realizados en el ejercicio de funciones públicas", por lo que, enfatizó, "son hechos justificables ante los tribunales ingleses".

Clive Nicholls, letrado de Pinochet, insistió una vez más, durante sus 10 minutos de alegaciones, que todos los actos realizados eran "actos gubernamentales", incluyendo la tortura. Nicholls volvió a referirse a la Operación Condor. "Sus señorías no deben entrar en este asunto. La inmunidad cubre los actos internos y externos. Y la citada operación fue un acuerdo entre los Gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay".

En el aire, tras las intervenciones de Jones, Nicholls y Lloyd Jones, faltaba un cierre majestuoso. Este papel correspondió al profesor Greenwood, quien concluyó tocando la fibra sensible de los lores: "Este no es un caso en el que buscamos derribar un hilo de autoridad que procede del siglo pasado. Menos todavía es un caso en el que queremos invocar la ley internacional para saltarnos el pleno significado de un estatuto, porque éste no otorga la inmunidad que se defiende". Los lores, previsiblemente, votarán la sentencia los primeros días de la próxima semana y la leerán en audiencia pública.