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El Parlamento Europeo exige a Jacques Santer una actuación más enérgica contra la corrupción

Xavier Vidal-Folch

El Parlamento Europeo exigió ayer al presidente de la Comisión, Jacques Santer, una actuación más decidida contra la corrupción en el manejo de los fondos comunitarios. Santer prometió dar a la Cámara "información más amplia y más completa", y ofreció convertir la UCLAF (Unidad de Coordinación de Lucha Antifraude), dependiente de Bruselas, en un organismo autónomo que fiscalice a todas las instituciones comunitarias, algo sobre lo que la Cámara está dividida.La eurodiputada verde alemana Edith Müller, la más combativa, atacó a Santer -"porque hasta hoy usted ha estado calladito"- y le pidió aumentar las sanciones administrativas. Santer explicó que la UCLAF descubrió en 1997 "una veintena larga" de casos de posible fraude "susceptibles de implicar a funcionarios" y que desde 1995 la Comisión ha abierto 49 procedimientos disciplinarios, o por fraude o por incumplimiento del deber.

Por ello, "nadie podrá reprochar al presidente de la Comisión haber tolerado o encubierto ninguna corrupción", sostuvo. Pero admitió que hay que "afrontar, en todas las instituciones , la zona gris del favoritismo y de la confusión de intereses".

Lo que ha encendido las pasiones parlamentarias, en época casi preelectoral, ha sido una presunta desviación de fondos de unos 80 millones de pesetas a cargo del antiguo funcionario de ECHO (la agencia de ayuda humanitaria de la Comisión). El supuesto responsable, Hubert Onidi, fue llevado en julio por la Comisión ante el juez penal de Luxemburgo. Su presunto cómplice, Claude Perry -que contrataba personal a cuenta de la Comisión- accedió ayer al bar de prensa del Parlamento, desde donde prodigó acusaciones contra otros funcionarios.

Se sabe ya que el asunto Onidi, que se produjo en el caldo de cultivo de controles insuficientes y penuria de número de funcionarios, no es aislado. Perry trabajó para un mínimo de 14 direcciones generales, que dependen de casi todos los comisarios. Contrató incluso la red informática para la UCLAF, con lo que podría disponer de información privilegiada. Altas fuentes de la Comisión consideran que "existe una red". La suspensión del funcionario Francis de Gaultier -que trabajaba en el programa TACIS, destinado a la ayuda a Rusia-, también acusado de posible fraude, es la próxima pista.

Huellas del fraude

Quizá porque las huellas del fraude salpican a varios departamentos, Santer defendió al hasta ahora más criticado por los parlamentarios, ECHO, fundado por el vicepresidente español Manuel Marín y actualmente responsabilidad de la comisaria italiana Emma Bonino. "No estoy dispuesto a dejar pasar sin reacción el perjuicio a la imagen de excelencia que la ayuda humanitaria de la Unión ha adquirido en el mundo entero, gracias al trabajo diario de ECHO sobre el terreno y en cooperación con la ONU, la Cruz Roja y un gran número de organizaciones no gubernamentales".Para esta defensa, Santer tuvo un apoyo inesperado en Müller, quien hasta ahora había mezclado el caso Onidi con un ataque global a la ayuda humanitaria de Bruselas, algo en lo que le ha seguido buena parte de la prensa alemana. El caso de corrupción descubierto en la agencia "es, si cabe, más grave, porque amenaza con perjudicar el crédito de todo el buen trabajo realizado" en ECHO, manifestó Müller en el hemiciclo.

El titular de la Comisión ofreció información más completa al Parlamento sobre las investigaciones internas, evitando siempre "las cazas de brujas", y postuló, como había propuesto un ponente del Parlamento, sacar a la UCLAF del ámbito de la Comisión, creando una OLAF (oficina de lucha antifraude) con competencia también para vigilar al Parlamento y al Consejo. Pero sus señorías están divididos. Unos, a favor. Otros consideran que el tratado impide crear esa especie de superfiscalía y que lo que corresponde es reforzar a la UCLAF y que el Ejecutivo haga bien su trabajo.

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