Un modelo universidad-empresa
En la última década, el sistema español de I+D ha experimentado un cambio espectacular. Casi todos los indicadores referidos a la investigación se han duplicado, desde el número de investigadores hasta la producción científica recogida en bases de datos internacionales. Sin embargo, una de las cuentas pendientes de la ciencia pública española sigue siendo su contribución a la competitividad de la economía productiva. Aunque existen valiosos instrumentos para el fomento de la relación con el sector industrial, entre los que cabe destacar los proyectos concertados, el interfaz de transferencia OTRI-OTT y la contratación de investigación realizada por las propias universidades y centros públicos, aún persisten dificultades que distan de conectar adecuadamente a la investigación pública con su entorno.La palabra transferencia, concepto que refleja gran parte de la filosofía de actuación de los poderes públicos en este campo, implica la existencia de una frontera entre la investigación que se hace dentro de las organizaciones de la ciencia pública y su utilización posterior. En sintonía con esta situación, el III Plan Nacional de I+D propone unos criterios de financiación que otorgan más peso a la investigación aplicada y a aquellas iniciativas que se encuentran más cerca de las demandas sociales. No obstante, un planteamiento dirigido a la superación del problema requiere responder a una pregunta: ¿existe un modelo de actuación en política científica que favorezca la contribución de la ciencia pública al incremento de la competitividad ? Sin menoscabo de la importancia de la investigación de base y de la utilidad de los actuales instrumentos de articulación del sistema de I+D, un modo de actuación que aumente la competitividad económica de la ciencia española supone pasar de la transferencia de tecnología a la investigación en colaboración, cuestión que lleva implícito un intento por romper las fronteras que tradicionalmente han separado a la investigación académica e industrial.
A modo de ejemplo, una medida puede ser la puesta en práctica de un plan de centros de investigación en colaboración, dirigido a la creación de laboratorios e institutos establecidos a propósito por actores interesados de la comunidad académica y del sector privado, encaminados a la creación de productos del conocimiento vinculados al mercado. Esto se resumiría en un marco administrativo y presupuestario para la constitución de consorcios, formados por iniciativa de al menos una empresa y una universidad o centro público, que en principio podrían tener una duración limitada y una continuidad sujeta a la viabilidad de sus productos. Los organismos participantes en cada caso aportarían personal e infraestructura, con una ayuda del Gobierno concretada en asumir parte del coste y ofrecer incentivos fiscales a las inversiones de las empresas.
Las ventajas de esta iniciativa serían numerosas. La primera es la posibilidad de crear entornos favorables a la investigación aplicada, con modos de evaluación y recompensas diferentes a las utilizadas en la ciencia académica. En segundo lugar, los casos exitosos pueden aportar retornos económicos tanto a las empresas como a los centros públicos, según las condiciones para la explotación de los resultados de la investigación decididas en cada centro. Otra ventaja sería la utilización de una parte importante de la cantera de jóvenes científicos formados en España, favoreciendo su contacto con el sector productivo. Las experiencias de este tipo no son nuevas. Existen numerosos ejemplos de iniciativas gubernamentales en países desarrollados, así como casos interesantes de centros mixtos en nuestro país. Lo que sí sería novedoso es una política de Estado que impulsara definitivamente mecanismos como el mencionado para fomentar la investigación en colaboración.
