Los rectores acusan al Gobierno de carecer de política y entorpecer la actividad universitaria

Los rectores de toda España empezarán los próximos días el nuevo curso con una durísima crítica al Ministerio de Educación, al que acusan de carecer de política en educación superior, generar "incertidumbre" y dificultar la "racional programación" de la actividad universitaria. Por segundo año consecutivo, los rectores incluirán en sus discursos de apertura de curso una crítica colectiva en la que responsabilizan al ministerio de los "graves perjuicios" derivados del retraso en la reforma del profesorado y reclaman un pacto nacional para mejorar la financiación de las universidades españolas, "las peor financiadas de la Unión Europea" con la excepción de Grecia.El texto fue aprobado el pasado día 4 por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y fue distribuido el pasado viernes a todos los rectores para que lo incluyan en sus intervenciones de inauguración de curso. Éstos son los aspectos más relavantes del documento:

Política universitaria. "Continúa sin conocerse oficialmente cuál es la política universitaria del Ministerio de Educación y Cultura", se afirma en el texto. Y se remata esta crítica global añadiendo que "la falta de definición ministerial, tras casi dos años y medio de legislatura, sigue generando incertidumbre y dificultando la racional programación de la actividad de las Universidades".

Profesorado. Los rectores no quieren que se olviden "los graves perjuicios que está ocasionando la lentitud y poca transparencia con que parece tramitarse la modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) ni la necesidad de prever la financiación adecuada para la aplicación de la reforma". Esta reforma del profesorado es uno de los problemas que envenena la situación de la universidad española, en la que casi 9.000 de los 22.000 profesores asociados lo son a tiempo completo, en clara vulneración del objetivo para el que fue creada esta figura docente: la contratación temporal de profesionales externos.

La reforma del profesorado debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso, por lo que debe ser acordada por los grupos parlamentarios.

Además de definir nuevas figura docentes (contratados doctores y colaboradores, si se confirma lo acordado entre rectores y Administración en noviembre pasado) y modificar el sistema de oposiciones, la clave de la reforma es su financiación, estimada en unos 20.000 millones por las universidades.

Aguirre ha expresado en privado su pretensión de que se lleve a cabo con coste nulo, algo que los rectores consideran imposible: "Sin esta financiación no se hará sino agravar un problema que desde hace años está afectando muy negativamente al desarrollo de la actividad universitaria", se dice en el documento.

Planes de estudio. El 90% de los planes no se han podido adaptar a las nuevas normas, debido al retraso con el que fueron aprobadas, según la CRUE. La demora se debió a la resistencia del ministerio a redefinir el crédito académico para que un máximo de tres de las 10 horas de las que consta pudieran ser de actividades académicas dirigidas o trabajos complementarios, y no necesariamente de clases convencionales. La reforma, que redujo a seis el número de asignaturas simultáneas, llegó al BOE en mayo pasado, casi un año y medio después de que la solicitara el Consejo de Universidades.

Financiación general. Los rectores creen imprescindible atajar las actuales carencias financieras mediante un "pacto entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas" que garantice la calidad y la competitividad internacional de las universidades españolas. Los rectores han estimado las necesidades económicas globales en unos 400.000 millones. El Gobierno, lejos de aceptar la cifra, suele desentenderse y remitir a las universidades a sus respectivas comunidades autónomas, que tienen competencias universitarias.

Familias numerosas. El cambio de la figura de familia numerosa (que pasó de cuatro a tres hijos), con las consiguientes exenciones de tasas, ha provocado un agujero económico en las universidades españolas de 32.000 millones. Los rectores se quejan de que sólo se haya aprobado una compensación por valor de 7.000 millones, que, además, ni siquiera han comenzado a distribuirse.

Consejo de Universidades. "Es necesario encontrar, de manera urgente, fórmulas que permitan conseguir una satisfactoria relación entre los aspectos académicos y político-económicos en el seno del Consejo de Universidades", dicen los rectores. Se refieren a las disfunciones de este organismo, cuya Comisión Académica (de la que forman parte los rectores) ha rechazado proyectos, como los de la Universidad Católica de Ávila o la Miguel Hernández, de Elche, que luego han sido aprobados por la Comisión de Planificación (de la que forman parte los representantes del Gobierno y de las comunidades).