Bruselas hace frente a un caso de fraude en su ayuda humanitaria

Cuatro comisarios más o menos indignados bajaron ayer a la arena de la sala de prensa de la Comisión Europea en Bruselas para negar algunas acusaciones periodísticas de que se ha descubierto una red de fraude generalizado en Echo, la oficina humanitaria comunitaria.La actual responsable de Echo, Emma Bonino, y su antecesor y fundador de la oficina, Manuel Marín, fueron los más belicosos. Les arroparon, con frialdad norteña, los responsables de personal (el finlandés Erkki Likanen) y de la lucha antifraude (la sueca Anita Gradin).

Echo ha gestionado 3.500 millones de ecus (580.000 millones de pesetas) y las irregularidades se han detectado en cuatro contratos firmados con la empresa luxemburguesa Perry por un total de 2,4 millones de ecus, de los que medio millón (equivalentes a ochenta millones de pesetas) han desaparecido, según las cifras de la Comisión Europea. Un funcionario, sobre el que recae la sospecha de que se ha apropiado de ese dinero, ha sido suspendido hasta que la justicia de Luxemburgo aclare su responsabilidad penal en el asunto.

El fraude se originó en los llamados minipresupuestos, una práctica contable que se utilizó hasta 1995 para subcontratar personal externo a la Comisión ante la carga de trabajo que vivió Echo nada más crearse en 1991 (por la guerra en Somalia, el genocidio en Ruanda, la limpieza étnica en la antigua Yugoslavia, etcétera). Los comisarios aclararon que el fraude que está en manos de los jueces no es ese tipo de contratos, ya extinguidos, sino la desaparición de medio millón de ecus.

"Ni el Parlamento Europeo, ni la señora Mueller , ni el Tribunal de Cuentas, ni ninguno de ustedes ha descubierto que algo no funcionaba bien. Ha sido la propia Comisión Europea quien lo descubrió y tomó la iniciativa de investigarlo", enfatizó una encolerizada Bonino. "No hay ninguna misteriosa red de contratos o de submarinos. Ya se sabía que existió ese tipo de contratos de apoyo", subrayó.