La oposición insiste en pedir una ley de financiación

Los socialistas e Izquierda Unida (IU), insisten en la necesidad de que se apruebe una ley de financiación que permita garantizar el futuro de la reforma educativa. A lo largo de este año, el PSOE presentará su propuesta de ley de financiación en la que establece un incremento de 500.000 millones de pesetas. "Es el problema que hay que resolver con mayor urgencia", declaró ayer Clementina Díez de Baldeón, portavoz socialista de Educación en el Congreso. Los vaivenes de la economía representan, además, para IU "una situación que va a obligar al Gobierno a justificar un atornillamiento de las políticas de bienestar", alerta María Jesús Aramburu, portavoz de Educación en el Congreso por esta coalición. "El 6% de incremento en los presupuestos de este curso es una falacia", añade Aramburu, "porque va a ir a parar a los colegios privados concertados, y no a cumplir con la implantación de la reforma".La diputada socialista Amparo Valcarce, portavoz de Formación Profesional, no sólo teme por la falta de recursos -"el Gobierno oferta un 6% más, que irá a parar a nóminas del profesorado y a los colegios concertados", asegura-, sino por el desconcierto que va a crear el retraso por dos años de la implantación de la reforma. "Se impide con ello impartir la nueva FP y el bachillerato LOGSE. Y para la generalización, este curso del tercero de la ESO", añade Valcarce, "no hay inversiones suficientes, ni en número de centros, ni en plazas, ni en personal docente. Más de 100.000 alumnos de primer ciclo de la ESO del territorio MEC están yendo a aulas de colegios de primaria".

Padres escépticos

Los padres de alumnos asociados no pueden evitar hacer preguntas y más preguntas: "¿Qué pasa con las transferencias? ¿Adónde va a ir ese 6% de incremento? ¿A los centros concertados?", plantea CEAPA, confederación de carácter laico que, por otra parte, recuerda que los departamentos de orientación de los institutos de secundaria todavía no están dotados..Estos padres dudan de que las promesas ministeriales, como la creación de una aldea digital o el plan anual de mejora de los centros, vean la luz, y denuncian el plan ministerial de convertir al conductor de los autobuses escolares en vigilante argumentando: "Eso atenta contra la seguridad de los escolares".