Un juez argentino cita a declarar a un ministro por tráfico de armas

La causa judicial sobre la venta ilegal de armas argentinas ha dado un importante vuelco al apuntar la investigación directamente al Gobierno. El juez federal Jorge Urso ha imputado al actual ministro de Trabajo, Antonio Erman González, y el martes le citó a declarar para que explique su firma, como antiguo ministro de Defensa, en los decretos presidenciales que autorizaban la venta de armas a naciones que nunca las recibieron y que fueron desviadas a países en conflicto. Erman González, amigo y hombre de confianza de Carlos Menem, anticipó que "se pondrá inmediata y espontáneamente a disposición de la justicia". De momento ha quedado imputado por su presunta responsabilidad en un "delito de falsedad ideológica de documento público".El juez ha citado a otros 13 funcionarios en activo y jubilados y militares retirados, entre ellos el actual viceministro de Defensa, Jorge Pereyra de Olazábal, el exvicecanciller Juan Carlos Olima, y el exviceministro de Economía Carlos Sánchez.

Balza, en peligro

Erman González firmó en 1991 los decretos presidenciales para vender 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Panamá, país que no tiene ejército desde la invasión estadounidense en 1989. Dicho arsenal fue desviado por Diego Palleros, ex teniente coronel y traficante de armas, hacia Croacia en plena guerra en la antigua Yugoslavia y cuando la ONU había decretado un embargo de material militar a aquel país. En aquella época, 800 militares argentinos formaban parte de las fuerzas de pacificación de Naciones Unidas.El mismo ministro impulsó en 1992 otro decreto para vender armamento valorado en 51 millones de dólares a Bolivia, aunque este país no estaba en condiciones de afrontar semejante gasto. El Gobierno informó posteriormente que la operación no se llevó a cabo. En 1995, otro decreto presidencial autorizaba envíos de armas a Venezuela, que acabaron en Croacia y Ecuador, país que libraba una guerra con Perú. La citación a declaración indagatoria, según el Código de Procedimiento argentino, tiene lugar cuando "hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito". Este paso dado por el juez Urso supone un cambio de rumbo en la investigación sobre el tráfico ilegal de armas, al apuntar directamente al Ejecutivo y, más concretamente, a la figura de Erman González. Hasta ahora, el también exministro de Defensa Óscar Camilión y el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, estaban en el punto de mira de las indagaciones de la justicia.

El general Balza reunió la semana pasada a 400 altos oficiales del Ejército y explicó su posición ante una comisión parlamentaria en una estrategia defensiva que pretende que Erman González asuma su responsabilidad política en la venta de armas a Croacia.