La Corte Suprema argentina cierra la puerta a las investigaciones sobre los desaparecidos
La Corte Suprema argentina ha asestado un duro golpe a la esperanza de conocer la verdad de lo que ocurrió con los miles de desaparecidos durante la última dictadura militar. Y al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas pueden respirar tranquilas. De momento. Por cinco votos a cuatro, los jueces de la más alta institución del poder judicial decidieron ayer dar carpetazo a la causa 450, más conocida como la que se sigue contra el ex general Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo del Ejército bajo la dictadura.
La Cámara Federal de Buenos Aires investigaba la verdad histórica del genocidio con el único fin de dar satisfacción a los anhelos de los familiares de las víctimas y cumplir con los tratados internacionales.En concreto, el alto tribunal rechazó la petición de Carmen Aguiar de Lapacó, madre de una desaparecida que había solicitado "la realización de pruebas" para conocer el destino final de su hija, detenida y desaparecida en el centro clandestino El Atlético que funcionaba en Buenos Aires.
La sentencia puede afectar a otras peticiones similares en el tribunal federal y en los de La Plata y Córdoba, por ejemplo. Queda abierto, sin embargo, el resquicio de la investigación sobre el robo de hijos de detenidas-desaparecidas en las causas que siguen los jueces Adolfo Bagnaschi y Roberto Marquevich por tratarse de un delito que no prescribe y que llevó a la cárcel al ex general Jorge Rafael Videla, hoy bajo arresto domiciliario.
Las investigaciones de la Cámara Federal, que han permitido descubrir nuevos detalles de la represión, no podían en ningún caso desembocar en el procesamiento y eventual castigo penal de los militares implicados en la represión, ya que están amparados por las leyes de punto final y obediencia debida o por el indulto del presidente Carlos Menem dictado en 1990.
Pero la Corte Suprema ha dicho "no". Para los jueces de la llamada mayoría oficialista, seguir por este camino "implicaría la reapertura del proceso" y volver a investigar a quienes "ya han sido sobreseídos definitivamente".
Carrusel de citaciones
En el ejercicio del "derecho a la verdad", la Cámara Federal indaga actualmente el paradero de varios desaparecidos, como el escritor y periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, la joven sueca Dagmar Hagelin y los dirigentes guerrilleros Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. La investigación sí podía dar paso a un carrusel de citaciones judiciales de militares retirados y en activo para declarar sobre los desmanes de la dictadura. Pueden negarse a responder a las preguntas de los jueces, como ya hizo el exalmirante Emilio Massera cuando fue convocado, pero la institución castrense ha hecho saber en varias ocasiones su malestar por la actitud de algunos jueces.Para Evel Petrini, de la asociación Madres de Plaza de Mayo, la resolución de la Corte Suprema "es una decisión política y una demostración de la complicidad de la justicia con el Gobierno y los militares". Petrini calificó de "aberrante" el fallo del tribunal, aunque no expresó sorpresa alguna. "No creemos en esta Corte, algunos de cuyos miembros fueron jueces de la dictadura. Seguiremos exigiendo el castigo para los asesinos, pero nosotras no hablamos de casos individuales, sino de los 30.000 desaparecidos. Los genocidas nunca pensaron que 21 años después no podrían dormir tranquilos", dijo Evel Petrini.
