Un juez chileno procesa a cinco militares por la muerte de siete guerrilleros en 1987

El juez civil Hugo Dolmetsch ha procesado a cinco oficiales, cuatro del Ejército y uno de carabineros, tres de ellos tenientes coroneles, todos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora de la Dina), como autores del delito de "violencia innecesaria" en la muerte en 1987 de siete miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante la llamada Operación Albania. De los sometidos a proceso, tres ya están detenidos en unidades militares y dos permanecen prófugos. El juez dijo que el caso no ha hecho más que comenzar.

La Operación Albania, como la bautizó el servicio secreto de la dictadura, también conocida como la matanza de Corpus Christi por la fecha en que ocurrió, es uno de los casos más representativos de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la dictadura del general Augusto Pinochet. Entre el 15 y 16 de junio de 1987, un centenar de agentes de la agencia sucesora de la Dina, y que habían dectectado una célula del FPMR, acribilló a todos sus componentes, nueve hombres y tres mujeres. Unos perdieron la vida en la calle. Otros, en sus casas. El caso se presentó simulando un enfrentamiento inexistente.Todas las víctimas presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos. Varios recibieron disparos por la espalda o al descender de un autobús. En una de las viviendas fueron rematadas siete personas, dos de ellas en sus dormitorios. Por estas siete, el juez sometió a proceso a los cinco ex agentes que integraban el operativo de la CNI.

La versión oficial del régimen militar se ha repetido de forma machacona. Fue sólo un "enfrentamiento", aunque ningún agente resultó herido, no hubo resistencia y las autopsias revelaron que las víctimas fueron abatidas a corta distancia.

A pesar de las múltiples evidencias incriminatorias, el caso permaneció atrancado en el limbo judicial. Sin responsables, la justicia militar lo sobreseyó en 1995. Todo apuntaba a que este asunto iba a terminar como el de otros muchos asesinados durante la dictadura: sin culpables.

Sin embargo, el 23 de marzo pasado el Tribunal Supremo ordenó su reapertura, ratificando la competencia de la justicia militar, pero exigiendo que llevará la investigación un juez civil, misión que recayó, el 2 de abril, en Hugo Dolmestch.

En tres meses, este juez ha logrado lo que la justicia militar no consiguió en 11 años. Influyó en el cambio de procedimientos la nueva actitud del poder judicial -el Tribunal Supremo se renovó este año-, la actitud del magistrado y el relevo de la cúpula del Ejército, con su nuevo comandante jefe, el general Ricardo Izurieta.

Se trata del primer caso de violación de derechos humanos en el que un juez civil procesa a varios militares e investiga a 100 ex agentes de la Dina.

El Ejército, junto con el resto de las Fuerzas Armadas, entregó al juez una lista con los nombres de 1.500 ex agentes de la CNI, de los cuales el juez ha tomado declaración a 100.

Durante la etapa de Pinochet, los militares trataron de torpedear la investigación facilitando a la justicia nombres falsos de los agentes que participaron en esa operación. El Ejército declinó ayer hacer comentarios. Un portavoz de la institución aseguró que su costumbre es no comentar las resoluciones judiciales. El magistrado, en cambio, agradeció la colaboración recibida.

Cuando Dolmetsch dio a conocer su resolución, en la noche del lunes, hubo lágrimas. "Se nos abre un camino de esperanza. Pensamos que el magistrado está poniendo todo su empeño para el esclarecimiento del caso", afirmó la madre de una de las víctimas.

El abogado querellante Nelson Caucoto añadió: "No hay ningún crimen cometido por la dictadura que no se pueda aclarar. Con la justicia siempre es posible".