El juez decreta el procesamiento del ex dictador argentino Videla por el robo de cuatro niños
El juez federal Roberto Marquevich dictó ayer prisión preventiva contra exdictador argentino Jorge Videla, de 73 años, que permanece detenido en la cárcel de Caseros de Buenos Aires desde el pasado 9 de junio. El magistrado considera que existen pruebas suficientes para procesarle como el "autor mediato" de los delitos de "sustracción y ocultamiento de menores de edad y falsificación ideológica de documento público" en cuatro de los casos investigados, que afectaron a cinco niños entre 1976 y 1977, cuando Videla encabezaba la Junta Militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón.
El juez ordenó también el embargo de los bienes de Videla hasta cubrir una suma de cinco millones de dólares (775 millones de pesetas), cifra estimada por la gravedad del delito y en previsión de los costes del juicio. Una de las secretarias del juez adelantó que, "si el tribunal superior no tiene en cuenta las apelaciones que seguramente van a presentar ahora los abogados defensores de Videla, el proceso podría acabar en una condena mínima de entre 20 y 30 años de prisión, y hasta un máximo de reclusión perpetua, por la cantidad de casos y los delitos que concurren, que son todos graves".La Cámara Federal (tribunal de alzada) se tomará entre dos y tres semanas para estudiar el expediente y decidir sobre los alegaciones pendientes. Una de las fiscales dice que el caso debe ser remitido a la justicia militar, porque Videla pertenecía al Ejército de Tierra cuando ocurrieron los hechos que se le imputan. Los tres jueces deberán considerar también si Videla ya fue juzgado o no por los mismos delitos. El tribunal civil que le condenó a reclusión perpetua entre 1984 y 1985, le encontró culpable de 66 homicidios, 306 secuestros, 96 casos de tortura, cuatro de tormentos seguidos de muerte, además de 26 robos, pero le absolvió de las acusaciones de "sustracción de menor, reiterada en seis oportunidades". El presidente Carlos Menem libró a Videla de aquella condena con un decreto de indulto que firmó el 28 de diciembre de 1990.
Por último, el tribunal superior de Marquevich deberá resolver si confirma o no la prisión preventiva. En el caso de que sea revocada, Videla será inmediatamente excarcelado. Si los jueces que analizarán el recurso están de acuerdo con los fundamentos del juez, que redactó casi 200 folios para justificar su auto, tendrán que decidir también si Videla continúa preso en la cárcel o puede acogerse al beneficio de arresto domiciliario que la ley prevé para los mayores de 70 años. Según Marquevich, "la ley dice que el juez podrá disponer o no el arresto domiciliario, no le ordena conceder el beneficio de forma automática". Una fuente de su juzgado sostiene que "Marquevich quiere que continúe preso en la cárcel de Caseros por la seguridad del propio Videla".
Protestas de familiares
La organización H.I.J.O.S, que reúne a familiares de los miles de desaparecidos durante la dictadura, anunció que instalaría una carpa delante de la casa de Videla si el juez ordenaba trasladarlo a su domicilio.Alba Lanzillota, secretaria de las Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró ayer: "Las Abuelas esperaban la confirmación de la prisión de Videla porque confían mucho en Marquevich. Es justo que esté preso, no tiene perdón, debe pagar por lo que hizo. Sus propios hijos deben estar ahora preguntándose ¿pero quién es éste que está a mi lado?".
En un apartado de su extensa resolución, el juez Marquevich, además de fundamentar que los delitos de "lesa humanidad" por los que se acusa a Videla son "imprescriptibles", dice : "...el accionar que se le reprocha al imputado deja al descubierto, además del sistemático plan ya analizado, el macabro interrogante acerca de cuántos menores aún viven bajo la aberrante mentira más absoluta respecto del conocimiento de su propia identidad, con los perjuicios incalculables que ello les acarrea a sus víctimas, a sus verdaderos familiares que no abandonan su búsqueda, como así también a la sociedad en su conjunto". El juez advierte también que sólo el 25% de los casos denunciados por robo de niños, unos 200, fueron aclarados.
Las denuncias presentadas en otros juzgados argentinos por el robo de niños nacidos en cautiverio podrían desembocar ahora en un nuevo proceso contra los comandantes de la dictadura. El juez Adolfo Bagnasco, que acaba de recoger en Suiza y en España el testimonio de supervivientes del campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), admitió la posibilidad de "ampliar la imputación a Videla y Massera".
El pasado martes, el excapitán de navío Alfredo Astiz fue citado a declarar en otros tres procesos abiertos por desaparición de menores. Astiz se negó a llamar "secuestradas" a las mujeres "detenidas en operativos antisubversivos" y dijo que sólo había visto "una mujer embarazada" en el centro clandestino de detención. Astiz negó también la existencia de un paritorio en la Esma y no reconoció como propias unas declaraciones suyas en las que supuestamente decía : "Yo me peleé mucho por el tema de los chicos, yo devolví bebés".
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