Marín niega que la alianza con el Mercosur dañe al campo español

Valencia - 10 jul 1998 - 00:00CEST

El vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, defendió ayer en Valencia la propuesta de asociación de la UE con Mercosur -Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia- y Chile, y negó que este proyecto, sujeto a negociación, perjudique a la agricultura mediterránea, como denunció ayer la Unió de Llauradors-COAG. "Mercosur es fuerte en muchas producciones, pero no en las mediterráneas", dijo Marín. Éste clausuró un máster de la Universidad de Valencia en la sede de la patronal valenciana.

La Unió de Llauradors-COAG expresó ayer su oposición a la firma de un nuevo acuerdo de libre cambio entre la Unión Europea y Mercosur y Chile al considerarlo "un nuevo ataque hacia las producciones mediterráneas". Esta organización lamentó que la mayoría de comisarios europeos, a excepción del de Agricultura, Franz Fischler, apoyaran el pasado miércoles la propuesta presentada por Marín. La Unió lamentó que la agricultura valenciana vuelva a ser moneda de cambio para los intereses políticos de la UE. Según esta organización, de prosperar este acuerdo, producciones altamente competitivas como los zumos de Brasil, las naranjas, clementinas y limones brasileños, argentinos y uruguayos podrán entrar sin trabas en el mercado europeo. Marín, que ayer clausuró en Valencia un máster sobre política comunitaria organizado por la Universidad de Valencia, defendió esta alianza y negó que perjudique a los productos agrarios mediterráneos. "Mercosur es muy fuerte en muchas producciones, pero no en las mediterráneas", aseguró el vicepresidente de la Comisión. Marín aseguró: "La propuesta que he hecho tiene el apoyo de la mayoría de miembros del colegio de comisarios". El comisario español subrayó que, personalmente, no cree que haya un impacto negativo, pero, de cualquier forma, en el proceso de negociación se pueden reducir los impactos sobre la Política Agraria Comunitaria (PAC). En todo caso, la alianza, tras un periodo transitorio, no entraría en vigor hasta el año 2015 o 2020. "Es un problema para una nueva generación, lo que ocurre es que últimamente en la Unión Europea cunde con cierta facilidad el alarmismo. Es el nuevo estilo de trabajo en casi todos los estados miembros", censuró Marín. Según el comisario, "luego, cuando hay que hacer la negociación real es muy difícil presentar los resultados como algo bueno tras haber alimentado las alarmas". "Los efectos para España", continuó, "serán muy positivos en la medida en que el año pasado fue el principal país inversor en Latinoamérica". Acerca de la posición de España -el PP calificó ayer la propuesta de Marín de nefasta-, el comisario mostró su sorpresa: "Me extraña porque el presidente del Gobierno español es uno de sus más firmes defensores".

Intercitrus "gobernará" en toda España

Las decisiones -hasta ahora escasas- aprobadas por Intercitrus no eran vinculantes para el sector citrícola español, a pesar de que el 75% del negocio estaba asociado a la interprofesional. El cambio de estatutos de la organización, aprobado ayer por unanimidad por la comisión permanente, permitirá a Intercitrus inscribirse en el registro español de interprofesionales y, por tanto, sus acuerdos serán de obligado cumplimiento para todos los operadores, pertenezcan o no a este organismo. El presidente de Intercitrus, José Miquel, calculó que, una vez la asamblea general ratifique el acuerdo el 21 de julio, se enviarán los estatutos al Ministerio de Trabajo y para finales de septiembre otro ministerio, el de Agricultura, registrará Intercitrus como una interprofesional legal. Intercitrus tendrá también, según Miquel, el reconocimiento de la Unión Europea. Miquel considera inminente la incorporación a la interprofesional de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, así como la adhesión de las organizaciones estatales COAG y Asaja, que hasta ahora estaban representadas en Intercitrus por sus organizaciones en la Comunidad Valenciana. La representación de Intercitrus se dividirá, una vez aprobado el cambio de estatutos, al 50% entre la producción y el comercio y la industria, que redistribuirán a su vez estos procentajes entre seis colegios, donde además de las organizaciones profesionales, los cooperativas, el comercio privado y la industria, se han reconocido a las organizaciones de productores (OP).

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