30 ex oficiales argentinos comparecerán ante la justicia por el robo de niños durante la dictadura

El ex dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri; el antiguo jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el de la Marina, Cristino Lambruschini; el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guillermo Suárez Masón, y una treintena más de mandos deberán comparecer próximamente ante la justicia argentina como imputados en la causa que instruye el magistrado Adolfo Bagnasco sobre el secuestro y apropiación de bebés durante la dictadura militar (1976-1982). El nerviosismo ha hecho mella entre los oficiales tras la detención del ex dictador Jorge Videla.

Una alta fuente del juzgado confirmó ayer las citaciones y puntualizó que todos los imputados tendrán que declarar como ex jefes de unidad o área y no en su condición de antiguos comandantes, para que no puedan quedar amparados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Paralelamente, la Cámara Federal (tribunal de apelación) de Buenos Aires estaba reunida ayer en sesión plenaria para decidir sobre otra citación judicial, la del capitán de navío Raúl Scheller en la causa de la propia Cámara, que investiga el paradero final de los desaparecidos. Scheller debía ascender a contraalmirante a finales del año pasado, pero ante el riesgo de no recibir la aprobación del Senado, el alto mando de la Marina decidió pasarle a la situación de disponibilidad. Se trata, pues, del primer oficial en activo que deberá contestar a las preguntas de los jueces. Scheller, amigo personal del ex almirante Eduardo Massera, figura también en la causa del juez Bagnasco sobre sustracción de hijos de desaparecidos, y está siendo investigado por el juez español Baltasar Garzón.La citación judicial de militares en activo es la espada de Damocles que pende sobre las Fuerzas Armadas y es el motivo real de la inquietud reinante entre los uniformados, que no han digerido la detención del ex dictador Jorge Videla, encarcelado desde hace una semana. Los actuales jefes del Ejército, general Martín Balza, y de la Marina, almirante Carlos Marrón, temen una escalada de la justicia que reactive causas de violaciones de derechos humanos.

Centros de detención

Los tribunales federales de La Plata y Córdoba tienen en sus manos varias causas sobre crímenes cometidos durante el régimen militar y más temprano que tarde empezarán a pedir la comparecencia de oficiales retirados y en activo para que declaren sobre los desaparecidos. El abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Ramón Torres Molina, solicitará al juez la citación de los militares que integraban la cadena de mandos a cargo de los centros clandestinos de detención donde se produjo el robo de menores. Entre ellos, citó a Suárez Mason.El temor a una cascada de citaciones judiciales incomoda a la actual cúpula castrense, que no oculta la inquietud reinante, según admitió el general Juan Manuel Llavar, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, con sede en Córdoba. Poco antes, el presidente de Argentina, Carlos Menem, quitaba peso al asunto y hablaba de «absoluta tranquilidad» en el seno de las Fuerzas Armadas.

Fuentes militares subrayaron a este diario el esfuerzo realizado los últimos años por la cúpula del Ejército para limpiar su deteriorada imagen y reinsertarse en la sociedad civil. «Hemos acatado tener un presupuesto diez veces menor que el de 1983, con unos sueldos muy inferiores a los de los mandos de la policía. Pero la institución no está preparada para asumir una cascada sin fin de citaciones judiciales», advierten las fuentes consultadas.