Un decreto obliga a doblar al catalán las películas más taquilleras

Un nuevo decreto de la Generalitat obligará a los distribuidores de cine a ofrecer como mínimo el mismo número de copias dobladas al catalán que al castellano en el caso de las películas más taquilleras. Un filme será considerado taquillero, según la norma, cuando se repartan más de 16 copias del mismo. Durante un periodo transitorio de dos años la obligación se establece para los filmes con más de 20 copias. El decreto, que desarrolla la nueva ley del catalán aprobada a finales del año pasado por el Parlamento autonómico, fue entregado ayer a los representantes de la industria cinematográfica -productores, distribuidores y exhibidores- y a los partidos. El Departamento de Cultura abre ahora una última etapa de diálogo sobre el contenido del texto legal con los sectores implicados. Está previsto que el decreto entre en vigor el 1 de enero de 1999.La opción de establecer una cuota mínima del 50% de copias dobladas al catalán sólo para las películas más taquilleras responde, según el Departamento de Cultura, a que se ha tenido en cuenta el coste que representará para el distribuidor -que no podrá repercutir en el precio de las entradas- y en la necesidad de garantizar el catalán en las películas de mayor impacto. Según datos de la Generalitat, el año pasado sólo 70 títulos de los 958 exhibidos en Cataluña se ofrecieron en catalán, lo que se tradujo en una cifra muy baja de espectadores: el 1,8% del total que acudió al cine. En la actualidad, de los 77 filmes en cartelera, únicamente uno está doblado al catalán: Sa majestat Mrs Brown . La medida propuesta por el decreto afectará a un porcentaje de entre el 15% y el 20% de las películas que se distribuye en Cataluña, equivalente a una cincuentena de producciones.

Los exhibidores también tendrán obligaciones, como la de programar al año un 25% de filmes doblados o subtitulados al catalán. Los distribuidores que no se sometan a la norma serán sancionados con un máximo de 10 millones de pesetas, según sea el incumplimiento. A los exhibidores, la Generalitat podrá cerrarles la sala durante seis meses.