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URNAS Y VIOLENCIA EN COLOMBIA

El partido de Samper se perfila ganador en las primeras elecciones tras el 'narcoescándalo'

En medio del duelo, producto de la matanza más grande de soldados que ha vivido el país, los colombianos acudieron ayer, domingo, a las urnas para elegir 263 congresistas (senadores y representantes). La renovación del Congreso más desacreditado de los últimos tiempos -entendida no sólo como un cambio de signo político, sino de personas y actitudes- no se preveía arrolladora. El Gobierno calculaba anoche una abstención en tomo al 65% (en 1994 llegó al 70%). Escrutado un 30% de votos, el Partido Liberal del presidente Ernesto Samper comenzaba a destacarse, y todo hacía presagiar que mantendrá la mayoría, a pesar del narcoescándalo que le estalló en las manos tras las últimas elecciones presidenciales.

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De todas formas, algunos liberales, destacados enemigos de Samper, como la aspirante a senadora Ingrid Betancur, recibieron copiosas votaciones, por lo que no se puede extrapolar de forma inmediata que el resultado de las elecciones de ayer suponga un respaldo al presidente.En un intento de rebajar la espectacular abstención, que ya se veía venir, la consigna con la que se trató de despertar a un electorado apático e incrédulo fue: "Hay que votar para cerrarle el paso a los corruptos". Los hechos del Caquetá -más de 80 militares muertos en combate con la guerrilla la semana pasada- desenterraron otra consigna: "Votar para derrotar la violencia".

Más de 20 millones de colombianos estaban habilitados para acudir a las urnas. Eligieron entre 1.000 listas y 7.000 candidatos, entre los que figuraban caciques políticos, familiares y amigos de congresistas que están hoy en prisión, figuras de la farándula, periodistas, ex guerrilleros y profesionales de toda índole, como los que integraban la llamada lista "de la oligarquía intelectual", ideada por el candidato a la presidencia Antanas Mockus.

Las elecciones parlamentarias son las campeonas en el manejo de todos los vicios electorales. Esta campaña, como es ya usual, se realizó en medio de escándalos por la compra de votos, por el ingreso de dinero del narcotráfico y por la utilización de fondos públicos en apoyo de candidatos de las preferencias del Gobierno. Un total de 240 aspirantes al Congreso tienen pendientes juicios disciplinarios y penales.

A manera de guía, los medios de comunicación publicaron un detallado informe sobre cómo votaron los congresistas que aspiran a repetir los proyectos más polémicos como la extradición, la expropiación de los bienes del narcotráfico, la ley de televisión que sirvió para favorecer a los amigos del presidente y cómo votaron en el juicio que libró de toda culpa a Samper por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña.

La guerrilla, en sus zonas de influencia, cumplió con su anuncio de "hacer todo lo posible" para entorpecer las elecciones. En el Caquetá, mientras el comandante del Ejército, Mario Antonio Galán, anunciaba "el completo control militar y el éxito de la operación" para cercar al comando de las FARC responsable de la matanza de soldados, los insurgentes volaron una torre de energía y dejaron la capital de la provincia sin luz.

Ayer se esperaba, por fin, la entrada de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo en la zona de combates, para ayudar a los heridos y a los civiles atrapados en medio del fuego. Según el diario El Tiempo, campesinos de esta zona de combates han visto pasar por el río, a lomo de mula, a militares atados de pies y manos, custodiados por guerrilleros. A pesar de todo, las elecciones en esta provincia, afirmó el Gobierno, fueron "normales".

Según el parte oficial, la guerrilla entró en 77 municipios, pero sólo logró impedir la celebración de elecciones en nueve de ellos. Lo más grave ocurrió en la provincia del Meta, donde seis soldados murieron y diez más resultaron heridos en enfrentamientos que se dieron en el municipio de Mesetas. En Mapiripán, los insurgentes obligaron a la población a abandonar precipitadamente sus casas.

La novedad ayer fue el llamado "certificado electoral". Se trata de una especie de diploma, del tamaño de un carnet, que otorga a los que cumplieron con su deber ciertos privilegios: rebajas en las matrículas universitarias, reducción en un mes de la prestación del servicio militar, preferencias para obtener casa, becas y puestos oficiales. Para muchos observadores, la nueva norma tan sólo legaliza la tradicional compra de votos, al parecer, imposible de erradicar.

"¿Y ese papelito para qué sirve?", preguntó una mujer, ya mayor, que se encontraba a las puertas de un colegio electoral. Escuchó atenta la respuesta y concluyó: "Ah, eso sólo les sirve a los jóvenes. Yo no voto; eso no sirve para nada". Dio media vuelta y se fue.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de marzo de 1998

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