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Editorial:

Asesinos y ladrones

TRES LUSTROS después del fin de la última dictadura, en Argentina se siguen desvelando nuevos horrores. El general retirado Antonio Domingo Bussi, actual gobernador de la provincia de Tucumán, ha confesado tener una cuenta bancaria en Suiza, que fue alimentada, presumiblemente, con fondos procedentes de la extorsión o el robo a detenidos-desaparecidos durante la dictadura. No es el único. Otros represores notórios, como el ex almirante Emilio Massera, el ex vicealmirante Adolfo Arduino, o los ex capitanes Jorge Acosta, el Tigre, y Alfredo Astiz figuran en la lista entregada por la fiscal suiza Carla del Ponte al juez Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina.A la escabechina de opositores planificada y ejecutada desde los cuarteles hay que sumar la rapiña y el saqueo de los bienes de los detenidos y posteriormente desaparecidos. El botín de guerra obtenido por los torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) supera, según ex militares, antiguos detenidos y organizaciones humanitarias, los 10.000 millones de pesetas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín -con un fondo de ruido de sables-, exculparon a un millar de militares involucrados en los crímenes de la dictadura. El posterior indulto del presidente Menem puso en la calle a los generales condenados a perpetuidad. La revelación, con nombres y apellidos, de que las víctimas de la represión fueron saqueadas antes de morir puede abrir un resquicio a la justicia, pues las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no perdonan la extorsión. El intento de firmar por decreto el olvido no ha tenido éxito. Aunque en un gesto sin precedentes en la historia del militarismo latinoamericano, el jefe del Ejército, general Martín Balza, ha pedido perdón "como una muestra de respeto hacia la sociedad", la herida sigue abierta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de febrero de 1998