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MEDIDAS DE AHORRO SANITARIO

El PSOE considera "autoritario y sin justificación económica" el nuevo 'medicamentazo'

La ex ministra socialista y actual portavoz del PSOE en cuestiones sanitarias, Ángeles Amador, proclamó ayer: "La situación del país no exige el recorte en la sanidad. Es una medida injusta, dictada por razones económicas y con un tufo autoritario". En su opinión, "es una auténtica barbaridad" que no se corresponde con la bonanza económica.

La portavoz socialista expresó su perplejidad ante el método que utilizó el Gobierno para elaborar esta lista de medicamentos, "sin dar entrada a los expertos y con una actitud de secretismo, que sólo genera una enorme desconfianza. El Gobierno despreció al Parlamento y a las instituciones" aseguró Amador.

"¿Quién ha dicho que el gasto farmacéutico no es sostenible en este país?" se preguntó la diputada socialista. Y añadió que los fármacos que dejarán de ser pagados por el Gobierno son muy conocidos y utilizados, lo que significa un traslado del coste a los bolsillos privados. "Esto supone un tijeretazo a prestaciones básicas".

Lo socialistas catalanes también reaccionaron ante la medida. La diputada del Parlament y portavoz del PSC en materia de sanidad, Carme Figueras, denunció "la connivencia de CiU", que con su gestión ha provocado el déficit de la sanidad catalana y ahora da el consentimiento a este recorte.

El medicamentazo permitirá al Gobierno ahorrarse 300.000 millones de pesetas en cuatro años, de los que, según el PSOE, un 20% será cubierto por Farmaindustria, Mientras que el bolsillo del consumidor, en su mayoría enfermos crónicos, niños y ancianos, aportará el 80% restante, es decir unos 240.000 millones. "Esto pone en evidencia las prioridades del PP: privilegiar a algunos sectores con rebajas fiscales frente a políticas sociales más urgentes", aseguró la ex ministra.

Según Amador, el Gobierno ha excluido medicamentos por su "baja utilidad terapéutica", pero al mismo tiempo pone en marcha unas recetas oficiales para prescribirlos. Amador exigió al Gobierno que, en caso de que no sean eficaces, disuada a los pacientes de su consumo.

El Grupo Socialista pedirá la comparecencia "urgente" del ministro José Manuel Romay Beccaría para que explique las "incógnitas y las perplejidades" que pesan sobre el acuerdo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 1998