El PSOE acusa al Gobierno de "oscurantismo absoluto" en su pacto con la patronal farmacéutica,
CiU y PNV apoyan al Ejecutivo para que el acuerdo se explique sólo después de firmado
El PSOE fracasó ayer en su intento de que el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, acuda al Congreso para dar cuenta de las conversaciones entre el Gobierno y la patronal farmacéutica, Farmaindustria, encaminadas al ahorro de 65.000 millones de pesetas al año en el gasto público de meditamentos. El PP, con los votos de CiU, PNV y CC, echó abajo la pretensión del PSOE, que acusa al Gobierno de "oscurantismo absoluto" en sus negociaciones "cuando lo que está en juego son los derechos de los pacientes". Romay sólo explicará el pacto en el Congreso una vez firmado.
Los socialistas pretendían que del debate parlamentario salieran sugerencias y mejoras que se pudiesen introducir en el acuerdo entre el Gobierno y la patronal farmacéutica. Ayer, en la reunión de la Diputación Permanente, el PSOE criticó aspectos que ya se conocen del acuerdo, del que aún quedan algunos flecos pendientes. En principio, es posible que se firme esta semana.Según explicó ayer la portavoz socialista de Sanidad, Angeles Amador, "no se conoce la lista de medicamentos [que se excluirán de la financiación pública], no se ha consultado a ningún estamento científico, pero ya se ha conseguido instalar en el sector sanitario y en los pacientes la preocupación acerca de una medida que no parece inspirada en la mejora de la salud de los pacientes".
El PSOE quiere saber de dónde saldrán 50.000 millones de pesetas de los 65.000 millones de ahorro previsto porque el Gobierno está negociando una lista de medicamentos con. Farmaindustria "que no van a seguir financiándose por la sanidad pública, pero que van a seguir recetándose por los facultativos de la Seguridad Social, en recetas oficiales, y que van a ser pagados íntegramente por los pacientes, y además, a precios libres a partir de ahora". Los otros 15.000 millones ya está claro que los aportará la industria en concepto de retorno de beneficios.
Amador recordó ayer que la liberalización de precios de los medicamentos ya está aprobada en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y que afectará a todas las medicinas que no se financien con dinero público,es decir, las que quedan fuera de la lista de recetables gratuitamente por la Seguridad Social. "La consecuencia es clara. Se produce un recorte de gasto público en medicamentos, se siguen recetando, y se pagan con precio libre por el paciente que pueda pagarlos", remató.
La portavoz socialista llamó la atención sobre el hecho de que, mientras el acuerdo para la financiación de la sanidad tiene una vigencia de cuatro años, en el caso de Farmaindustria se otorgue la posibilidad de renegociar el pacto a los dos años.
Apelación a la discreción
El principal argumento del PP y sus socios para rechazar la propuesta del PSOE consistió en que el Gobierno ya ha solicitado la comparecencia del ministro para explicar el acuerdo, pero después de firmado. El portavoz del PP, Manuel Núnez, aseguró que el ministro comparecerá si es posible incluso en enero, pero nunca antes de la firma del acuerdo con Farmaindustria, "por el respeto y la consideración a la voluntad negociadora de las partes" y por la "discreción y la prudencia" que merecen estas conversaciones.Núñez rechazó tajantemente que la lista de los medicamentos que ya no serán financiados por el servicio nacional de salud forme parte de los asuntos que se tratan en las negociaciones, porque obedece "a criterios técnicos dé racionalización del consumo farmacéutico y no a criterios económicos". Esta lista, añadió el diputado, quedará finalmente diseñada en un real decreto que estará preparado para el mes de abril y supondrá un ahorro en 1998 de unos 22.000 millones.
Los argumentos de Amador los apoyaron IU, BNG y PDNI, estos últimos desde el Grupo Mixto, cuyos portavoces destacaron la repercusión en los derechos de los ciudadanos que puede tener lo acordado con Farmaindustria.
