Fraude confirmado

LA JUEZ Ana Revuelta ha ordenado la clausura de tres gasolineras una vez que, tras una inspección por sorpresa, confirmara que los surtidores de las estaciones de servicio estaban manipulados para suministrar menos gasolina de la que el cliente paga. La Comunidad de Madrid, además, ha confirmado que 11 surtidores de los 18 que inspeccionó -también sin previo aviso- tenían los precintos rotos. El fiscal se ha querellado contra el grupo Villanueva, propietario de las tres gasolineras cerradas, y la Dirección General de Consumo de la Comunidad ha abierto expediente sancionador a las estaciones de servicio cuyos surtidores presentaban los precintos rotos. Después de la rápida y eficiente investigación judicial, provocada por un informe alarmante de la Organización de Consumidores y Usuarios según el cual algunas gasolineras estaban hurtando hasta un 7% de la gasolina que vendían a sus clientes, parecen confirmarse los indicios de un fraude cuyas proporciones todavía se desconocen. En vista de esta confirmación, circunscrita al área de Madrid, el siguiente paso debe ser, por tanto, establecer si otras estaciones de servicio en el resto de España practican también esta sisa de gasolina. No es de recibo la pasividad demostrada por los responsables de todas las comunidades autónomas donde el grupo denunciado posee gasolineras. De las, dificultades observadas en la capital para confirmar las sospechas, cabe extraer la conclusión razonable de que el procedimiento más adecuado para evitar que al consumidor se le robe mediante artilugios, mecánicos o electrónicos, que escatiman la medida del combustible es poner un práctica un sistema de controles de improviso de los sistemas de medición en las gasolineras. De poco sirven las inspecciones anunciadas, previsibles o superficiales. Sería conveniente, además, que las compañías productoras, como Cepsa o Repsol, que venden los combustibles a las estaciones de servicio y en muchas ocasiones abanderan los establecimientos, colaboraran, en la medida en que practican inspecciones por sorpresa -aunque para establecer que el combustible vendido en la estación es e[ suministrado por ellas- en erradicar un fraude que también les pedudica a ellas. Se quiera o no, la presencia de sus logotipos en las gasolineras sospechosas de adulterarlos litros realmente suministrados afecta a su creditilidad. En la investigación y detección de este fraude, la actitud de la Comunidad de Madrid, más concretamente de su Dirección Greneral de Industria, ha dejado mucho que desear. Su primera reacción ante las denuncias de la OCU fue de un escepticismo difícil de defender -máxime cuando tan poco costaba comprobar las denuncias-; y cuando, a regañadientes, se decidió a certificar la existencia o no de las irregularidades, practicó una inspección anunciada, rutinaria y, a la vista de los hechos posteriores, muy poco competente, cuyo resultado fue desmentir públicamente la venta fraudulenta denunciada por la OCU y adelantada por este periódico. Leopoldo del Pino, director general de Industria de la Comunidad de Madrid, no sólo no ha salvaguardado los intereses de los consumidores madrileños en el área de su competencia, sino que, además, su primera intervención inspectora, de no mediar otras posteriores y más acertadas, hubiera facilitado con su errónea conclusión el encubrimiento de los hurtos sistemáticos de gasolina a los automovilislas en las estaciones implicadas. De no ser por la firmeza de la OCU, por la actuación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, por la diligencia de la juez, así como por la enmienda del Gobierno madrileño de sus primeros errores, la investigación no se hubiera. concretado y el fraude no se hubiera descubierto. Hay que esperar ahora que todos los Gobiernos autónomos hayan aprendido la lección y se tomen en serio el control de las estaciones de servicio; y que la oposición política, misteriosamente ausente en el debate sobre un caso de corrupción que interesa a todos los ciudadanos, ejerza su labor con decisión y exija que los Gobiernos autónomos cumplan con sus obligaciones inspectoras y de defensa de los consumidores.