Un Estado sin derechos humanos
La tragedia de la comunidad de Acteal (municipio de Chenalhó), en el Estado mexicano de Chiapas, donde han sido asesinados casi medio centenar de indígenas, mayoritariamente mujeres y niños, había sido anunciada por los defensores de los derechos humanos de la región, quienes habían advertido de este riesgo como consecuencia inevitable de la opción militarista y violenta adoptada por el Gobierno mexicano en la solución del "conflicto chiapaneco". Masacres como ésta, desgraciadamente frecuentes en América Latina, son la culminación y resultado de la opción de algunos Gobiernos por políticas de represión y de violación de los derechos humanos que, con el pretexto de luchar contra la insurgencia, buscan reprimir las formas organizadas de contestación social y política. En julio de 1997, Jueces para la Democracia participamos en la Misión sobre la situación de los Derechos Humanos en México, organizada por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y desarrollada en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el informe de conclusión del trabajo constatamos la existencia de elementos y situaciones de riesgo que hacían prever hechos de la gravedad de los sucedidos. Sobre el terreno se podía apreciar el importante proceso de militarización de la vida civil en el Estado de Chiapas, lo que había propiciado una importante desintegración del tejido social basado en sistemas de organización colectiva de las comunidades indígenas. También comprobamos el incremento de la represión y acoso hacia los dirigentes de las organizaciones civiles, de campesinos, y contra miembros del Partido , de la Revolución Democrática. La militarización de la región es la causa mediata de las agresiones más importantes contra los derechos humanos, y a su abrigo han surgido los grupos paramilitares que operan en el Estado(Paz y Justicia y Los Chinchulines sólo han sido los pioneros de esta ola de terror que se encuentra en expansión). Sus delitos están amparados por la más absoluta impunidad precisamente por actuar desde el poder o con su cobertura.
Este escenario, que culmina con un Poder Judicial vinculado y dependiente del PRI, hace que habitualmente no se investiguen ni persigan los hechos en los que las víctimas son indígenas, y es el caldo de cultivo propicio para que masacres como la de la comunidad de Acteal puedan tener continuación y se multiplique la actividad de grupos paramilitares.
Frente a esta situación, a partir del levantamiento zapatista de enero de 1994, la reclamación de los derechos individuales y colectivos por las comunidades indígenas se orientó por una solución pacífica basada en la negociación: los Acuerdos de San Andrés, suscritos entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Estos acuerdos en la actualidad están paralizados ante el incumplimiento de su contenido por el Gobierno mexicano, como han denunciado las dos instituciones de intermediación (CONAI y COCOPA), y son el principio necesario y punto de partida para una solución democrática y pacífica del conflicto de Chiapas. Las autoridades mexicanas lo saben, aun cuando no hayan apostado por esta vía, y prueba de ello es que la primera reacción del presidente Zedillo ante la matanza de Acteal haya sido la convocatoria de las Mesas de San Andrés. Ante esta situación, la comunidad internacional debe exigir una investigación independiente e imparcial sobre la masacre de campesinos, que depure las responsabilidades materiales e intelectuales de la misma, insistiendo a las autoridades mexicanas en el cumplimiento de los acuerdos de paz, cuyo contenido fundamental (respetoa los, derechos de propiedad y organización social de las comunidades indígenas) coincide con el convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, del que México forma parte desde 1990.
Por su parte, a la Unión Europea le corresponde hacer algo más que el oportuno comunicado de condena inicia¡ de los hechos. y proceder a la revisión del tratado de comercio preferencial suscrito con los Estados Unidos Mexicanos, por incumplimiento de la denominada "cláusula democrática", precepto que México con gran insistencia, y casi con éxito, intentó excluir del contrato. Esta cláusula dice que "el respeto de los principios democráticos y de los Derechos Humanos Fundamentales proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos inspira las prácticas internas y exteriores de ambas partes y constituye un elemento esencial de este acuerdo". El deterioro de los derechos humanos en México, visualizado en hechos como la matanza de Acteal, exige una respuesta europea que demuestre que el respeto a los derechos humanos no es una cláusula de estilo de sus tratados, sino el compromiso firme con su promoción y defensa.
