Sanidad y Farmaindustria buscan contrarreloj su pacto de ahorro, bajo mutuas amenazas

Quedan dos días para el acuerdo sobre el ahorro de medicamentos. Si no se alcanza antes del 31 de diciembre, Farmaindustria romperá su actual pacto con Sanidad, por el que devuelve al Estado parte de sus beneficios si crece la factura farmacéutica pública respecto al año anterior. La patronal de los laboratorios entregó ayer su última propuesta: acepta aumentar sus actuales aportaciones al Estado durante dos años y la exclusión de ciertos medicamentos siempre que se puedan seguir recetando en la Seguridad Social. Pero nada de rebaja de precios ni pacto de cuatro años.

El último fleco del acuerdo sobre financiación sanitaria, el ahorro estatal de 65.000 millones anuales en farmacia, sigue enconando las relaciones entre la patronal de los laboratorios y el Ministerio de Sanidad.Mediante el citado pacto, firmado sucesivamente, por la ex ministra socialista Angeles Amador y el actual titular de Sanidad, José Manuel Romay, los laboratorios devuelven al Estado un porcentaje escalonado de sus beneficios, según se rebasen unos topes de crecimiento en la factura farmacéutica. Así, desde 1995 han revertido al Estado unos 37.000 millones de pesetas. El Estado gasta al año en fármacos más de 800.000 millones de pesetas.

La "carta de intenciones" que ayer entregó Farmaindustria ofrecía al ministerio un aumento de las aportaciones en los próximos dos años no cuatro como pide Sanidad y la negociación de una lista de medicamentos de baja utilidad para su exclusión del seguro público. La salvedad es que los laboratorios quieren que, aunque no sigan subvencionados, sí se puedan recetar por los médicos de la Seguridad Social si advierten a sus pacientes de que deberán pagarlos en su totalidad. De ese modo, las personas habituadas a determinado medicamento seguirían usándolo.

La patronal también pretende, como contrapartida, una menor presión económica ese segundo año, a medida que se introduzcan los medicamentos genéricos un 25% más baratos lo que hará que las compañías tengan menores ventas.

Por amenazar, Sanidad también enseña sus armas. Puede imponer la, rebaja de precios por decreto y engordar la lista de los excluidos hasta 1.500 especialidades (por ahora se habla de algunos centenares), circunstancia que los laboratorios quieren impedir a toda costa.

En un documento interno, el Gobierno justifica la necesidad de un medicamentazo; primero, por un gasto farmacéutico excesivo en España -"entre tres y cuatro puntos por encima de la media de los países de la UE"-; y en segundo lugar, por la baja utilidad terapéutica de algunos productos subvencionados actualmente. "España gastó en expectorantes y mucolíticos 13.750 millones de pesetas en 1996. En Alemania, Bélgica o Italia no tienen financiación pública", dice el documento. Y señala otro ejemplo a continuación: "España gastó en antitusígenos 4.500 millones de pesetas en 1996. En Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania están excluidos de la financiación pública''.

El texto del Gobierno reconoce que en un año se ha rebajado la factura en fármacos en más de siete puntos -del 11 % de incremento anual al 4%- Es decir, unos 55.000 millones en toda España. Con todo, considera que se puede reducir más a costa de fármacos de "escasa utilidad terapéutica" o de aquellos que, aun con compuestos eficaces, presenten unas mezclas de principios activos no aconsejables.