EE UU reanuda la ayuda militar a Colombia para frenar el avance colombiano de los narcotraficantes y la guerrilla

La Administración estadounidense, convencida de que las guerrillas marxistas y los carteles de la droga representan ya una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno de Ernesto Samper, ha decidido hacer caso omiso de las violaciones de los derechos humanos y reanudar la polémica ayuda militar a Colombia. Ésta será de 37 millones de dólares (unos 4.500 millones de pesetas) en el año fiscal de 1988.

El acuerdo entre Washington y Bogotá, que data del verano, es sencillo: Estados Unidos reanuda su programa de ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas en su lucha contra las guerrillas marxistas y los barones de la droga, en la seguridad de que ambas organizaciones criminales trabajan juntas en amplias zonas del país. La ayuda sólo podrá ser empleada en un área determinada, llamada La Caja, cuyas fronteras reales se mantienen secretas. La Caja podría ocupar hasta la mitad del país, sobre todo en aquellas zonas donde esta colaboración entre narcos y guerrillas es más evidente y peligrosa.

La ayuda consistirá en piezas de recambio, equipos de comunicación, municiones y sistemas de mantenimiento de helicópteros, botes y vehículos.

"El poder del Gobierno en el interior del país se está debilitando", asegura un alto miembro de la Administración Clinton. "Ahora, cerca del 50 % del territorio no se encuentra bajo control del Ejecutivo ( ... ) [Samper] está metido en problemas".

El polémico giro de la Casa Blanca, que sostiene un duro enfrentamiento con el presidente Samper desde que se supiera que había financiado su campaña electoral de 1994 con seis millones de dólares procedentes del narco, mete a Clinton en un campo minado.

Los críticos de la medida se dividen en dos grupos: los que consideran que EE UU se está implicando en exceso en los asuntos internos de Colombia y los que critican que la Administración haya olvidado tan pronto las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos sin exigir garantías.

En este punto, The Washington Post publicó ayer un reportaje en el que desvela que los paramilitares colombianos, creados en los años sesenta, superan ya el número de 5.000 y que representan el ejército más poderoso que lucha en Colombia. Estos grupos son los principales responsables de las violaciones de derechos humanos y actúan a las órdenes del Gobierno (o del Ejército) en las áreas donde es más activa la guerrilla. Hay informaciones que también les vinculan al narcotráfico. Indirectamente, los paramilitares podrían ser los beneficiados de la ayuda a las Fuerzas Armadas.

En los últimos dos años EE UU no ha certificado al Gobierno de Ernesto Samper por considerar insuficientes sus esfuerzos en el combate del narcotráfico. Esta medida condujo al recorte de la ayuda militar estadounidense a Colombia en 1995, aunque ésta ya se había reducido a finales de los años ochenta.