Colombia defiende nuevas fórmulas de acabar con la guerrilla ante la crítica internacional

Todo el mundo en Colombia coincide en una cosa: las próximas elecciones municipales, en otoño, serán las más violentas que haya conocido nunca el país. Con el territorio dividido en zonas de influencia (guerrillera o paramilitar), muchos se preguntan si el Estado colombiano simplemente ha dejado de existir. El gobernador de la provincia de Antioquia, Alvaro Uribe, de gira contra la falsa imagen que, en su opinión, tiene Europa del conflicto, admite en parte esta tesis ("el Estado ha sido muy debilitado por los criminales") y defiende la última fórmula del Gobierno de Ernesto Samper contra la guerrilla: las cooperativas de seguridad privadas, nidos de paramilitares según sus críticos.

La conversación con Uribe, de 45 años, se desarrolla en la Embajada de Colombia en Madrid, adonde el gobernador de Antioquia acaba llegar desde Ginebra. Allí ha mantenido contactos con la Comisión de derechos Humanos de la ONU por una razón sencilla: el organismo critica con fiereza el último invento del Gobierno colombiano contra la guerrilla, las cooperativas privadas de seguridad, llamadas Convivir, y a pedido su abolición. El gobernador de Antioquia, una de las zonas de Colombia más castigadas por la violencia y el narcotráfico, es un apasionado defensor de esta fórmula, que muchas veces parece bordear la legalidad, al menos tal como se entiende en Europa.Uribe no está de acuerdo. "Las Convivir son asociaciones de gente conocida por la fiscalía, autorizadas por la ley para colaborar con el Ejército", explica. "Es un derecho de la ciudadanía cuando se la está asesinando y secuestrando".

De puro obvio, la pregunta siguiente no sorprende al gobernador: ¿El derecho de la ciudadanía no consiste más bien en que el Estado la proteja de todo eso? En este punto de la conversación, Uribe admite tácitamente que el Gobierno y sus brazos armados, Ejército y policía, ya no son capaces de garantizar la seguridad: "El nivel de inseguridad es muy alto y la debilidad del Estado es proporcional".

En otras palabras, Colombia sufre una descomposición acelerada. El ávido pero debilitado brazo estatal no llega más allá del 40% o 45% del territorio, puesto que la guerrilla reina en el 30% que considera su feudo, mientras los paramilitares aseguran el orden de latifundistas y grandes propietarios en otro 30%.

"A la ciudadanía", explica Uribe, "un día la obligan a colaborar con la guerrilla y al otro, con los paramilitares; queremos romper ese círculo vicioso". Las Convivir, cuyo número alcanza ya las 600 y se espera que rebasen las mil a final de año, son la alternativa que ofrece el Gobierno a la sociedad civil.

Pero según las denuncias de numerosas Organizaciones No Gubernamentrales (ONG) colombianas, las polémicas cooperativas de seguridad privadas han aceptado a paramilitares entre sus miembros, usan armamento de largo alcance que no les está autorizado, están implicadas en asesinatos, realizan inquietantes censos o retenes ilegales, y maltratan, o algo peor, a sectores de la sociedad ajenos al problema guerrillero que consideran "desechos": indigentes, homosexuales y prostitutas.

Sin entrar a juzgar estas denuncias, el gobernador de Antioquia se aferra a un argumento simple: la guerrilla es el origen de todos los males, su actividad "es muy superior a lo que se percibe en Europa" y las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por los demás (Ejército, paramilitares y cooperativas de seguridad) son sólo "cortinas de humo para ocultar sus propias violaciones".

Conspiración diplomática

Sobre este punto, Uribe se muestra especialmente contrariado, y esboza una vaga conspiración cuyo objetivo, asegura, es ocultar la verdadera naturaleza de la guerrilla en Colombia. "Existe una actividad diplomática paralela", afirma, "impulsada por la guerrilla, que ha distorsionado mucho la realidad colombiana". Según el gobernador, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sólo se entera del 5% de los crímenes que cometen los principales grupos guerrilleros del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).Pero algunos datos independientes reparten la culpa de forma más equitativa. El último informe anual de la Comisión Andina de Juristas afirma que el avance de los paramilitares (sin contar con las nuevas cooperativas de seguridad privada) es más que notable, sin que el Gobierno haga nada para evitarlo y les atribuye el 60% de los crímenes políticos cometidos el año pasado.