CRISIS EN COLOMBIA

Los juristas denuncian el avance paramilitar

Hace pocos días, durante la entrega del informe que anualmente realiza la Comisión Andina de Juristas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, los dirigentes de las más reconocidas organizaciones no gubernamentales del país estuvieron de acuerdo en mostrar el mismo desaliento frente al futuro. Se insistió en el incontenible avance paramilitar, sin que el Gobierno haga nada para evitarlo. Se habló de la absoluta polarización a la que ha llegado el país: quien no hable a favor de los paramilitares o de las cooperativas de seguridad, las Convivir, queda automáticamente del lado de la guerrilla."No queremos ni imaginar lo que va a venir", fue el comentario general. Todos coincidieron también en que la situación se ha agudizado a medida que se acercan las elecciones. Según este informe, más del 60% de los crímenes políticos cometidos el ano pasado en Colombia se atribuyen a los grupos paramilitares. No es difícil prever que la cifra de este año va a ser mucho mayor. Sólo la última acción paramilitar se cobró la vida de 30 campesinos en la población de Mapiripán, en la provincia de Meta.

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Los maestros, perseguidos

"En este país no hay derecho a pensar", dijo a este diario Tarsicio Mora, de la Federación Nacional de Educadores Fecode. Los maestros han sido otro de los sectores duramente golpeados por el paramilitarismo. A través de un paro, iniciado hace dos días, y con la publicación de un aviso fúnebre en los grandes periódicos del país con los nombres de los 24 maestros asesinados este año, han querido llamar la atención sobre la aberrante situación en que se encuentran. En este momento hay 200 maestros amenazados en toda Colombia.Un punto álgido en este debate sobre derechos humanos ha sido el de las Convivir. En este momento hay 600, y se espera que el número se duplique a finales de año. El Ejército y un amplio sector político las defiende como legítimo derecho a la defensa. Almudena Mazarrasa se sumo a la controversia. La comisionada pidió, como ya lo han hecho otras 15 ONG, que se considere la posibilidad de revocar el decreto que las creó. De inmediato se levantaron muchas voces en su contra, entre ellas la del presidente del Comité de Víctimas de la Guerrilla, que pidió, en carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que Mazarrasa sea retirada de su cargo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0025, 25 de julio de 1997.

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