El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Cooperación

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Cooperación al Desarrolló. El debate parlamentario decisivo se producirá el próximo otoño. El pasado día 15, el Consejo de Cooperación concordó con el anteproyecto del Gobierno, aunque varias ONG integrantes manifiestan objeciones. El texto define la cooperación como "parte le la política exterior del Estado" y da prioridad a Iberoamérica y países árabes.

El proyecto define, entre las prioridades, los "servicios sociales básicos, con especial incidencia en salud, saneamiento, educación y formación de recursos humanos", la "protección de los derechos humanos" y la "mejora del medio ambiente".Las ONG "deberán inscribirse en un registro en la Agencia Española de Cooperación Internacional". Los voluntarios deberán vincularse a la ONG por un contrato no laboral con compensación económica, seguro de asistencia y periodo de formación, y su tiempo de servicio surtirá "los efectos del Servicio Militar" y podrá ser acreditado por el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia.

"Esta legislación novedosa", según el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Angel Rodríguez, beneficiará a los 105.000 objetores de conciencia: 133 horas de trabajo voluntario contarán cómo un mes de prestación social sustitutoria. Las ONG recibirán 16.000 millones de pesetas a cargo del 0,5% del IRPF de 1996.

La Coordinadora de ONG, Solidaridad Internacional, Manos Unidas, Acsur-Las Segovias, Intermón, UGT y CC OO han emitido un voto particular al dictamen del Consejo de Cooperación, en el que señalan que el anteproyecto "manifiesta ambiguedad" sobre el objetivo de la cooperación, y piden que se suprima la expresión "consideraciones de carácter estratégico, económico y comercial". Las ONG creen que "uno de los principales problemas" ha sido el "excesivo peso relativo" de la cooperación financiera, "en particular la reembolsable mediante los créditos FAD".

Un punto clave cara al debate parlamentario es si la cooperación debe regirla Economía y Hacienda o Asuntos Exteriores. El proyecto sitúa como responsable al ministro de Asuntos Exteriores. Se crea la Comisión Interterritorial de Cooperación, que coordinará las distintas Administraciones Públicas.