El Gobierno quiere traspasar la educación sin desembolsar el dinero extra prometido

El final de la primera ronda entre el Gobierno central y las 10 comunidades con las que negocia el traspaso de competencias en educación no universitaria ha dejado a los responsables autonómicos entre la preocupación y la indignación, lo que permite augurar una negociación a cara de perro. El Ejecutivo pretende que las comunidades carguen con el coste adicional de aplicar la reforma, que la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, cifró en 230.000 millones hace sólo un mes. Dejando atrás las garantías ofrecidas entonces por Aguirre, la nueva propuesta es que la financiación extra salga del incremento de la recaudación fiscal en las comunidades, algo que éstas consideran impensable.

El proceso tiene gran importancia política y económica, al margen de su trascendencia educativa, ya que sólo las comunidades que se hagan cargo de la educación asumirán el 30% del impuesto sobre la renta (IRPF), según el nuevo modelo de financiación autonómica, recurrido precisamente por Castilla-La Mancha y Extremadura, las dos únicas comunidades socialistas de las 10 afectadas.Esto hace temer a los Ejecutivos autonómicos que el Gobierno, por iniciativa de Economía y Hacienda, no de Educación, ponga el 30% del IRPF como cebo para imponer unos traspasos deficitarios. Además, al incremento recaudatorio se le podría dar cualquier destino, no necesariamente educativo.

En las transferencias, cuya culminación está prevista para el 1 de enero, están involucrados 1,9 millones de estudiantes, 140.000 profesores y 160.000 no docentes. Los centros públicos serán 5.292 y las aulas privadas financiadas por el Estado, 20.000. Los servicios actuales están valorados en 800.000 millones. Pero la aplicación de la reforma requerirá una inversión extraordinaria que Aguirre ha cifrado en 230.000 millones distribuidos en cinco años, hasta el 2002, el nuevo plazo de implantación plena de la reforma.

Presupuesto base

En la primera ronda de reuniones, terminada el martes con Madrid, los negociadores autonómicos han recibido documentación de la Administración central sobre infraestructuras, plantillas y evolución demográfica, datos que ahora están cotejando con los propios. Los representantes autonómicos rechazan que 1997, con sus restricciones presupuestarias, sea el año de referencia para hacer números.Pero lo que ha desencadenado la alarma y el rechazo tajante en las delegaciones es que el Gobierno apele ahora al incremento de recaudación fiscal en las comunidades y olvide el compromiso de Aguirre de que los 230.000 millones irían con cargo a los Presupuestos del Estado.

A excepción de Aragón y La Rioja, cuyos consejeros no fueron localizados ayer, éstas fueron las reacciones de los titulares autonómicos de Educación:

Asturias. Victoria Rodríguez afirma que "la propuesta financiera no es definitiva, es un asunto aún inmaduro. Éste es un problema complejo en el que tiene que hablar Educación, no sólo Hacienda, ya que está en juego el modelo educativo". "Nos veremos precipitados para cumplir plazos, pero no lo vamos a hacer mal para llegar a una fecha".

Baleares. Manuel Ferrer destaca la actitud "transparente y constructiva" de Educación y atribuye a Hacienda la idea de vincular la financiación educativa y la recaudación fiscal. "Discrepamos de esa posibilidad, porque la aplicación de la reforma no puede depender de los resultados fiscales".

Cantabria. Sofía Juaristi expresa "una fuerte preocupación", ya que el planteamiento del ministerio "se centra en el día de hoy, no en el de mañana. Y los datos permanecen vivos 10 minutos". Sobre los 230.000 millones manejados por Aguirre, afirma: "En la hipótesis de que existan, me gustaría saber cuánto le toca a mi comunidad"

Castilla-La Mancha. Justo Zambrana afirma que "no es posible asumir las competencias en estas condiciones. No es una oferta razonable. Sería nacer con una deuda histórica". "Me temo que los 230.000 millones hayan sido una cortina de humo que lanzó Aguirre. Aunque también puede ser que haya sido desautorizada por Hacienda", añade.

Castilla y León. Josefa Eugenia Fernández Arrufe advierte "Si nos traspasan algo, tendrá que venir con dinero. No vamos a aceptar un agujero que no,, hunda la hacienda. Sería un suicidio. Todo debe venir pagado"

Extremadura. Luis Millán Vázquez de Miguel manifesta que "Extremadura quiere las transferencias, pero no a cualquier precio". "Hace falta una negociación política. No basta con que unos técnicos entreguen un papel y se terminó", añade.

Madrid. Gustavo Villapalos ha amenazado con dejar su cargo si las competencias llegan con financiación insuficiente. Pedía más de 300.000 millones, pero la propuesta oficial que recibió el pasado martes sólo incluía 227.000 millones, el mismo presupuesto dedicado este año por el ministerio a la enseñanza no universitaria de Madrid.

Murcia. Cristina Gutiérrez- Cortínes reconoce que "la voluntad de Hacienda ya está clara". Y añade: "Pero hay que hablar de los sistemas de compensación de las diferencias, que yo todavía no conozco. Yo confío en la actitud de Aznar, que se mostró muy receptivo ante el problema en su reciente entrevista con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel". En ese encuentro, Valcárcel aseguró a Aznar que su comunidad no asumirá las transferencias si no se recogen las mejoras que Murcia necesita: 'Tos murcianos no vamos a pagar más de lo que corresponde hacer a otros".

Más información en Madrid /1 y 3