Correctivo europeo

LA LEY de Televisión Digital sufrió ayer un fuerte varapalo de la Comisión Europea. El Colegio de Comisarios acordó remitir al Gobierno una carta en la que le comunica que dicha ley viola el Tratado de Roma y tres directivas comunitarias, una de ellas justamente la que se invoca en el propio texto. El Ejecutivo comunitario da un plazo de 15 días al Gobierno para que aporte sus explicaciones, so pena de pedir al Tribunal de Justicia de la CE que tome medidas cautelares para suspender los artículos contrarios al ordenamiento europeo. Brillante final para una norma defendida hasta la obstinación por el Gobierno de Aznar, que primero la aprobó como decreto-ley, la tramitó luego por procedimiento de urgencia y consiguió aprobarla en el Parlamento con los votos de IU, haciendo siempre caso omiso de las advertencias del PSOE y de sus aliados de CiU.La Comisión ha puesto así de relieve el ridículo al que ha sido conducido el Parlamento por el empecinamiento del PP. El Gobierno sabía que estaba cometiendo un atropello al forzar la aprobación de esta ley, pero sigue sin comprender que España no es una autarquía, sino un miembro de pleno derecho de la UE. Su europeísmo, como el de los conversos, es de boquilla. El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado -ascendido a monaguillo de Aznar y de Cascos-, engañó al Parlamento en el debate del 17 de abril en el que se aprobó la ley, pues tenía en su cartera una carta remitida ocho días antes por el comisario Bangemann, en la que le alertaba sobre la incompatibilidad de la ley con el ordenamiento europeo. Arias ocultó ese texto y otras recomendaciones anteriores.

La Comisión considera que la ley española contiene disposiciones prohibidas por el Tratado de la UE y que, además, el Gobierno no ha respetado los procedimientos habituales de información a las instancias comunitarias. Entiende que la imposición de un tipo de descodificador viola la libertad del mercado interior, estima corto el plazo de dos meses para que los operadores se pongan de acuerdo, y concluye que la justificación del Gobierno de favorecer la competencia entre operadores no puede ir en detrimento del mercado interior europeo.

¿Acaso no conocían esto Arias-Salgado y Aznar? Evidentemente, sí. Ese conocimiento agrava el abuso de poder y da una idea de lo que el Ejecutivo entiende por ser europeos. Para más inri, Arias comunicó el pasado martes, mediante carta al comisario de Mercado Interior, Mario Monti -otra burla-, que aplicaría esta ley de manera laxa, e incluso que en sus términos más polémicos no se aplicaría. Se arrogaba así una sorprendente capacidad para esquivar una ley aprobada por el Parlamento. Queda así explicitado el respeto del ministro de Fomento por el ordenamiento jurídico.

El Gobierno de Aznar se tendrá que poner colorado en Europa, responder al requerimiento de Bruselas y, como consecuencia de ello, forzar al Parlamento a rectificar su punto de vista mayoritario y votar modificaciones a una ley que todos los juristas sospechaban contraria al ordenamiento europeo, y posiblemente también al constitucional español., Es la primera vez que se abre a España un expediente sancionador con advertencia de medidas cautelares desde que entramos en Europa hace 11 años. Todo un éxito de Arias, que ayer suspendió su asistencia a tres actos públicos, uno de ellos para hablar justamente sobre el derecho de las telecomunicaciones.

Pocas horas antes de conocerse el varapalo de la Comisión Europa, el Congreso aprobó la ley del fútbol, otra vez con los votos del PP, el sector más duro de IU y el PNV. El propósito es el mismo: favorecer al grupo audiovisual afín a los intereses y a los amigos del Gobierno -entre ellos el grupo mexicano Televisa- y penalizar al competidor. El Gobierno, en nombre de un interés general que no aplica en campos como la educación o la sanidad, pretende expropiar sin indemnización los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol que obran en poder de una de las partes: la que no considera suya. En realidad, lo que el Ejecutivo busca es obligar a una empresa que ya funciona y que tiene los derechos a compartirlos con otra que aún no existe y que está formada por sus amiguetes. Con el mismo riesgo: que Europa le recuerde su arbitrismo y su falta de respeto por las normas democráticas.

Una sentencia del Tribunal Supremo establecía ayer mismo, con motivo de un recurso sobre los actuales contratos de retransmisión del fútbol, que "el interés general de los telespectadores aficionados a tales emisiones no resulta desatendido con la actual situación de este mercado". ¿Qué dirá ahora un Álvarez Cascos que ya anticipó una sentencia justamente en sentido contrario? ¿Acatará el dictamen de la justicia?

La Comisión Europea ha demostrado que el rey estaba desnudo. Que en cuanto uno raspa en la costra liberal del PP aparece ese bastión del autoritarismo en que ha devenido. Tener que recurrir a Europa para protegerse del sectarismo de Aznar era algo con lo que no contábamos. Y que el protagonista de este acto de fuerza fuese el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, menos aún. Claro que en este asunto ha sido coherente con la tan paradigmática máxima de su padre cuando era ministro de propaganda de Franco: "Libertad para la verdad, mas no para el error".